En 2021, la Fiscalía presentó una acusación contra el exgobernador regional Fernando Meléndez. Sin embargo, en 2024, con un cambio de fiscal, el nuevo titular solicitó el archivo del caso. El Sistema de alcantarillado de Iquitos que se encuentra abandonado e inundado
Flor Díaz Mena y Gloria Rojas Ríos, ambas abogadas y egresadas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) en Iquitos, trabajan en despachos distintos de la Fiscalía Anticorrupción de esa ciudad. Pese a ello, emitieron resoluciones contradictorias que beneficiaron a Meléndez y al empresario chino Zhang Sheng, responsable de la obra de alcantarillado que costó S/ 800 millones y que hoy se encuentra abandonada e inundada.
Extraño archivamiento
Flor Díaz participó en la investigación de la Carpeta Fiscal Nº 187-2015, junto con el fiscal provincial del Primer Despacho, Paúl Peralta Chota. El 11 de octubre de 2021, este último presentó un requerimiento mixto acusatorio ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas (2º JIPM) contra Meléndez y Sheng por el delito de colusión simple.
Por otro lado, Gloria Rojas —adjunta en el Segundo Despacho, a cargo del fiscal anticorrupción Juan Ochoa Sotomayor— recibió el expediente acusatorio tras la audiencia de control celebrada el 31 de octubre de 2024. Ni Ochoa ni Rojas intervinieron en ninguna etapa de la investigación original. El juez del 2º JIPM había dispuesto únicamente corregir errores formales en el requerimiento.
Sin embargo, el 20 de marzo de 2025, el fiscal Ochoa remitió al mismo juzgado la Carpeta 187-2015 con un requerimiento de sobreseimiento, lo que sorprendió al magistrado encargado. En las 22 páginas del documento, elaborado por Rojas y presentado por Ochoa, no se explican claramente los motivos que llevaron a archivar una investigación que ya contaba con una acusación formal.
En su escrito, Ochoa argumentó: “Del análisis del delito de colusión simple, resulta mucho más problemática su diferenciación respecto de una irregularidad administrativa, toda vez que se requiere como medio probatorio la acreditación de un acuerdo colusorio para configurar el delito”.
Además, según un reporte del Ministerio Público, en el caso seguido contra Meléndez se cambió la calificación jurídica del delito de colusión por el de “abuso de autoridad (omisión ilegal de actos propios del cargo)”, y el expediente habría sido derivado al despacho del fiscal superior anticorrupción.
La acusación original
Los fiscales Peralta y Díaz basaron su acusación en que, durante su gestión, Fernando Meléndez, como gobernador regional de Loreto, y el director ejecutivo del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (OPIP), no exigieron a la empresa China International Water & Electric Corporation (CWE), representada por Zhang Sheng, que reparara el sistema de alcantarillado colapsado en varias zonas de Iquitos ni que se ejecutara la carta fianza para subsanar los daños detectados.
En su requerimiento acusatorio destacaron: “Como Gobernador Regional de Loreto, no exigió a la empresa China International Water & Electric Corporation el levantamiento de las observaciones sobre fallas en la reparación de defectos de la obra, en virtud de lo estipulado en el artículo 11.4 de las condiciones generales del Contrato de Obra N.º 012-2010-EPS-SEDALORETO S.A., dejando transcurrir el plazo establecido en la Adenda N.º 3 del 10 de setiembre de 2014 (doce meses para la transferencia de la obra) y omitiendo ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento, lo que permitió que la contratista rescindiera el contrato el 22 de noviembre de 2015 sin corregir ningún desperfecto”.
Por ello, Peralta solicitó tres años de prisión para los acusados, la inhabilitación para ejercer funciones públicas, imponerles multa económica, y el pago de forma solidaria de medio millón de soles por reparación civil. Ninguna de estas medidas se concretó.
El giro inesperado
Curiosamente, en su propio requerimiento de sobreseimiento, los fiscales Juan Ochoa y Gloria Rojas reconocen que la obra está abandonada: “3.1.8. Que, es de conocimiento público que, hasta la fecha, la obra Lote 02 —colectores, interceptores, colectores secundarios, rotura y reposición de pavimento y conexiones domiciliarias del proyecto ‘Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Iquitos’— no funciona, encontrándose inoperativa en perjuicio de la sociedad loretana”.
No obstante, sostienen que, tras analizar la documentación y contrastarla con la doctrina jurídica, no existiría delito, sino una mera falta administrativa.
Fiscales bajo lupa
El fiscal Juan Ochoa Sotomayor enfrenta actualmente una investigación por lavado de activos, bajo la Carpeta Fiscal N.º 2393-2024 en Iquitos. Además, ha sido incluido en una indagación policial solicitada por la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos en Lima, por presuntamente integrar una organización que blinda a exautoridades de Loreto.
En cuanto a las fiscales adjuntas, un reporte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), revela que Flor Díaz obtuvo un crédito hipotecario en enero de este año, pero tres meses después desembolsó S/ 61 240, monto que supera notablemente sus ingresos declarados. Asimismo, Gloria Rojas registra en su historial crediticio el abandono, desde hace cinco años, de un préstamo por S/ 24 712.
