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Gobierno establece nuevos plazos flexibles de adecuación ambiental para la industria manufacturera y el comercio interno

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Decreto Supremo ofrece una nueva oportunidad de formalización y evita sanciones para las empresas que no lograron obtener su certificación ambiental a tiempo.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 020-2025-PRODUCE, que establece nuevos plazos y condiciones para la adecuación ambiental de las actividades industriales manufactureras y de comercio interno, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad en el sector productivo.

Esta normativa actualiza el marco regulatorio, permitiendo que las empresas que iniciaron sus actividades antes del 27 de junio de 2019 sin contar con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) presenten su Declaración de Adecuación Ambiental (DAA) o un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en un plazo máximo de cinco años. Además, permite a las empresas que realizaron cambios o ampliaciones en sus operaciones sin la debida actualización de su instrumento de gestión ambiental, puedan adecuar dichas modificaciones a través de una DAA o un PAMA correctivo.

El ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, destacó que esta medida es de suma importancia para el sector, ya que ofrece un marco de flexibilización y formalización ambiental, reconociendo las dificultades que enfrentaron las empresas, en especial debido a la pandemia de la COVID-19, para cumplir con los plazos de adecuación previos.

“Esta normativa ofrece una nueva oportunidad de formalización para que las empresas que no lograron obtener su certificación ambiental en los plazos vencidos en 2021 y 2023 puedan regularizar su situación. Esto les permite continuar operando dentro del marco legal, evitando posibles sanciones”, recalcó.

Indicó que, durante el nuevo plazo de adecuación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) pondrá énfasis en supervisiones orientativas, es decir, en acciones de acompañamiento para que las empresas puedan cumplir con la normativa ambiental, en lugar de centrarse únicamente en sancionarlas.

Finalmente detalló que el decreto no solo amplía plazos, sino que también modifica el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, con el objetivo de brindar mayor claridad y predictibilidad respecto a su aplicación. Informó que entre los cambios más relevantes destacan:

  • Criterios específicos para solicitar la opinión de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en los casos de instrumentos distintos a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), precisando los supuestos en los que dicha opinión es requerida.
  • Regulación de las emergencias ambientales, estableciendo el rango normativo con el que PRODUCE aprueba, con opinión favorable del Ministerio del Ambiente (Minam), el Plan Institucional para la Atención de Emergencias Ambientales previsto en la Ley.
  • Incorporación de una disposición sobre economía circular, que faculta a PRODUCE a aprobar, mediante Resolución Ministerial, la normativa e instrumentos que impulsen la transición hacia la economía circular en la industria y el comercio interno.

“Con el Decreto Supremo publicado avanzamos hacia una industria más responsable, donde las empresas puedan crecer y generar empleo, pero siempre respetando el ambiente. Desde PRODUCE estamos convencidos de que la sostenibilidad no es una opción, sino el camino que asegura un futuro próspero para el país”, subrayó el titular del sector.

Añadió que esta medida es una muestra del compromiso del gobierno con el desarrollo nacional, pues con ello se generan las condiciones para impulsar nuestra industria.

“Desde la gestión de la presidenta Dina Boluarte, estamos generando las condiciones para impulsar nuestra industria. Con esta norma, les damos a las empresas la predictibilidad y el apoyo necesarios para afianzar su dinamismo”, indicó el ministro.

PRODUCE, en su rol articulador, continuará impulsando políticas y regulaciones que integren la sostenibilidad a la actividad productiva, asegurando el equilibrio entre desarrollo económico, competitividad y protección del medio ambiente, en línea con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Perú.