La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó que sea declarado ilegal por acciones antidemocráticas. Fuerza Popular podría perder su inscripción y quedar fuera de las próximas elecciones 2026
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una solicitud ante la Corte Suprema para declarar ilegal al partido político Fuerza Popular. En el requerimiento, la titular del Ministerio Público argumentó que el partido ha incurrido en conductas antidemocráticas.
Esta solicitud se formalizó tras la denuncia interpuesta por una ciudadana en marzo de 2025, y fue sustentada con información y pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Nación.
El pedido se fundamenta en que la agrupación fujimorista habría vulnerado el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), por «desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales». En pocas palabras, se les acusa de haber desarrollado actividades antidemocráticas.
Fuentes consultadas sostienen que Fuerza Popular no solo ha promovido discursos y acciones que atentan directamente contra instituciones del Estado, sino también ha legitimado prácticas de violencia política. Se señala que el partido ha vulnerado de forma sistemática los derechos fundamentales de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En la misma línea, se ha solicitado, como medida complementaria, el cierre de los locales partidarios a nivel nacional y la prohibición de que la organización pueda reinscribirse en el futuro. La Fiscalía argumenta que esto es necesario para evitar la continuidad de las conductas que socavan el sistema democrático.
Según el Ministerio Público, Fuerza Popular ha operado con una estrategia sostenida para erosionar la democracia, desde la persecución a magistrados hasta el respaldo a proyectos legislativos que favorecen la impunidad por violaciones de derechos humanos.
La acusación fiscal identifica cuatro grandes tipos de acciones antidemocráticas. En primer lugar, se señala que el partido de Keiko Fujimori promovió hostigamientos y persecución contra jueces, fiscales, funcionarios electorales y opositores políticos. Esta práctica, dirigida contra quienes no comparten su línea, habría buscado debilitar la independencia de las instituciones.
Como segundo punto, se advierte que Fuerza Popular impulsó la exclusión de sus propios congresistas y aliados por disentir de la dirección del partido. Entre los afectos se identificaron a figuras como Kenji Fujimori, hermano de la lideresa, y otros legisladores que expresaron posturas distintas. Estas expulsiones son vistas como un ataque a la libertad de conciencia y al pluralismo interno.
En tercer lugar, se hace referencia a la reinterpretación de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Según la demanda, el partido fujimorista bloqueó estos hechos a través de discursos políticos, formación partidaria y propuestas legislativas que favorecían la impunidad de violadores de derechos humanos.
La disposición concluye que Fuerza Popular, como cuarta conducta antidemocrática, legitimó la violencia como método político. Esto se habría expresado en el discurso del ‘fraude electoral’ de 2021 y en su cercanía con colectivos radicales como La Resistencia, que hostigaron de manera sistemática a periodistas, opositores y organizadores de la sociedad civil.
HIJA DE EXDICTADOR RESPONDE
La hija del exdictador, que evalúa presentarse por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido las tres elecciones anteriores en la segunda vuelta, respondió mediante un comunicado donde acusó a Espinoza de actuar con motivaciones políticas.
“Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?”, cuestionó.
Sostuvo que la solicitud es una “cortina de humo” que busca desviar la atención del proceso que enfrenta la fiscal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático (…) no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada”, concluyó.
El expediente elaborado por la Fiscalía de la Nación señala presuntas vulneraciones sistemáticas de las libertades y derechos fundamentales
