Clody Genaro Guillén Albán
Sociólogo
Máster en Intervención Social
Si bien no es nueva la disyuntiva que se propone, resulta imprescindible plantearla, sobre todo por las situaciones con carga violenta que diariamente muestran los medios de comunicación, en los que sus protagonistas son niñas, niños y adolescentes.Aunque para el común no exista la disyuntiva, quien proponga políticas públicas de infancia debe tenerla en cuenta, ya que no hacerlo será el principal error que se cometay la causa de que la violencia avance diariamente a niveles preocupantes, al punto de afirmarse que ésta nos acompañará en los próximos treinta años para recién empezar a descender. Incluso entre quienes afirman que la violencia es natural resulta preocupante que hechos y actos violentos sean cometidos cada vez a menor edad y con una mayor agresividad.
En el contexto social actual, si bien las políticas públicas no deben renunciar a evitar la violencia contra los niños y niñas, éstas también deben orientarse a prevenir el desarrollo de conductas de riesgo asociadas a la violencia; esto es un reto para el Estado, ya que se está perdiendo en los dos frentes. Ante esto, pareciera que no se cuenta con alternativas para solucionar el incremento de la violencia en niñas, niños y adolescentes, al punto que lo único posible parece ser el crecimiento del tamaño del Estado y la reducción de la edad para criminalizar y penalizar las conductas que debieron ser moldeadas en la familia, la escuela y la comunidad con la participación del Estado a través de sus servicios sociales para infancia y familia.
No obstante esto, para prevenir la violencia en el presente y evitar la violencia en el futuro, se propuso actualizar las metodologías de los servicios sociales públicos y desarrollar estrategias no convencionales que incidan en los procesos de socialización que se llevan a cabo en la familia, escuela y comunidad para evitar que éstos sean patológicos y desviados; así, al momento de proponer políticas públicas de infancia no debe dejar de tenerse en cuenta que la socialización patológica y el adoctrinamiento desviado involuntario, además de ser predictores de conductas de riesgo asociadas a la violencia, actúan también como obstáculos para la integración familiar y social y reducen las posibilidades futuras de participación en la economía formal.De acuerdo con lo anterior, al momento de proponer políticas públicas para evitar la violencia contra los niños y niñas y para prevenir el desarrollo de conductas de riesgo asociadas a la violencia, también debe tenerse en cuenta que ésta debe estructurarse en dos ejes que son fundamentales para que el Estado pueda evitar la violencia; por un lado, debe contarse un marco normativo que permita la ejecución de las políticas públicas aprobadas y, por otro lado, debe contarse con los aparatos administrativos donde se operarán dichas políticas públicas, para lo cual no es necesario sobredimensionalizar el tamaño del Estado ya que ello, aunque aumenta el gasto social,reduce la calidad de los resultados deseados.
