La seguridad y el cumplimiento de las normas son fundamentales, pero cuando se trata de observaciones subsanables la autoridad debe procurar orientar y otorgar plazos razonables para enmendar las mismas y no proceder con cierres inmediatos que, muchas veces, ponen en grave riesgo la continuidad de la actividad comercial, sostuvo Víctor Bazán Pastor, vecino sanisidrino.
En ese sentido, criticó las últimas acciones emprendidas por la actual gestión municipal de San Isidro, multando y clausurando diversos locales, negocios y emprendimientos, en lugar de implementar medidas que fomenten su formalización y desarrollo. Para ellos, pareciera que lo señalado, al respecto, en la Ley Orgánica de Municipalidades es letra muerta, agregó.
Dijo que la mencionada ley (Nro. 27972), es la base legal que permite a los municipios cumplir con sus funciones y les faculta a promover el desarrollo económico local, mediante políticas, programas y acciones que fomenten el desarrollo de las PYMES en sus respectivas jurisdicciones, algo muy distante de la realidad en nuestro distrito, añadió.
Muchos de los conductores de estos negocios son vecinos de toda la vida. Son sanisidrinos que sienten que, en lugar de respaldo, son castigados por su autoridad municipal. La MSI tiene la obligación de impulsar el desarrollo económico del distrito en armonía con la zona residencial, no asfixiarlo con medidas extremas que, muchas veces, se convierten en su epitafio comercial, indicó Víctor Bazán.
“Una clausura no es solo un papel pegado en la puerta: es dejar sin ingresos a familias y trabajadores, es poner en peligro el sostenimiento del negocio. Se necesita una política de capacitación y fiscalización preventiva, no de persecución y abuso. Se debe implementar una política de orientación y corrección hacia los negocios, teniendo en cuenta que son empresarios que generan empleo y que apuestan por el distrito”, expresó.
Para Bazán Pastor la severidad con la que actúan en contra de estos negocios dista mucho de la actitud que se tiene con las grandes constructoras a las que se les permite levantar muros, portones y edificios, pasando por encima de las normas existentes. Para ellos no existe fiscalización, ni multas, ni cierres. “Ese el doble rasero de esta administración municipal: al poder económico, todo. Al pequeño comerciante, el cierre”, explicó.
Finalmente, dijo que los vecinos de San Isidro no pueden aceptar que se hagan diferencias al momento de aplicar el ordenamiento jurídico. Esta gestión municipal de San Isidro tiene hoy la oportunidad de irse dejando un legado de respeto hacia sus vecinos y de fomento al desarrollo económico del distrito. “Deben considerar que los cargos públicos son efímeros y que más tiempo serán vecinos que autoridades”, concluyó Bazán.