El Congreso debe elegir: o justicia para los mineros o servilismo ante las grandes corporaciones.
El pueblo minero ancestral exige respeto, dignidad y ley con pazos reales y sin exclusiones.
El congresista Roberto Sánchez, acompañado de otros parlamentarios que no temen enfrentar al poder económico ha presentado un proyecto de ley que no solo suspende los efectos del Decreto Supremo N.º 012-2025-EM —instrumento que sirvió como mecanismo de exclusión y represión contra el pueblo minero
ancestral—, sino que propone un camino legítimo, humano y democrático hacia una formalización real y con justicia.
La iniciativa legislativa, registrada el dia de ayer 7 de julio de 2025, modifica el Decreto Legislativo N.º 1293, extendiendo la vigencia del
proceso de formalización minera hasta diciembre de 2026. Lo más significativo es que reincorpora a todos aquellos mineros ancestrales que fueron excluidos arbitrariamente del REINFO, en cumplimiento del mencionado decreto.
Esta medida constituye una respuesta directa y valiente frente al autoritarismo normativo promovido por intereses vinculados a grandes grupos económicos, entre ellos la Compañía Minera Poderosa, y a las élites que históricamente han usufructuado los recursos del país.
No se trata de una simple medida administrativa o técnica. Se trata de una acción legislativa de contenido político y ético, que responde a las necesidades y derechos de miles de trabajadores y trabajadoras históricamente postergados, criminalizados y violentados por ejercer la minería ancestral en sus propios territorios. Es una herramienta de legalidad frente al despojo institucional. Es una manifestación concreta de justicia social frente al abandono estructural.
Conviene subrayar que este proyecto no surge en la comodidad de una oficina ni como resultado de presiones corporativas. Surge desde la lucha organizada, desde las movilizaciones, los paros, las vigilias y el dolor de las familias desplazadas y de los comuneros asesinados, como ocurrió en Pataz. Surge desde la unidad de las organizaciones mineras ancestrales como AMAPE, CONFEMIN
y otras que, con firmeza y dignidad, han sostenido una resistencia democrática.
Hoy el Congreso se encuentra frente a una decisión histórica: o se
coloca del lado del pueblo y aprueba esta ley, o se reafirma como instrumento del poder económico que busca eliminar a la minería ancestral para facilitar el avance de un modelo extractivo concentrador y excluyente. No hay lugar para la neutralidad. Esta
propuesta revela, con absoluta claridad, el carácter de un régimen que ha gobernado mediante decretos, criminalizando al pueblo y favoreciendo sistemáticamente a los sectores de poder.
