Raúl Noblecilla Olaechea, reconocido abogado y candidato al Senado por Podemos Perú, analiza la pugna por el Ministerio Público desde una óptica crítica.
Las fiscales Benavides y Espinoza no representan una salida
democrática, sino el conflicto entre dos grupos de poder que se disputan la Fiscalía de la Nación.
“La democracia no se salva con rostros distintos que responden a los mismos intereses”, afirma Noblecilla Olaechea.
Las fiscales Benavides y Espinoza no representan una salida democrática, sino el conflicto entre dos grupos de poder que se disputan la Fiscalía de la Nación. “La democracia no se salva con rostros distintos que responden a los mismos intereses”, afirma Olaechea.
Conocido por su postura firme frente al autoritarismo y su defensa del Estado de derecho, el reconocido abogado Raúl Noblecilla
Olaechea y hoy candidato al Senado de la República por el partido Podemos Perú, plantea una lectura sobre la crisis en el Ministerio Público. Para él, no hay victoria ni salvación democrática en la salida
de Patricia Benavides, ni garantía de institucionalidad en la permanencia de Delia Espinoza. Ambas, sostiene, son expresiones de una pugna de grupos por el control de la Fiscalía de la Nación, que mantiene al pueblo completamente excluido del sistema de justicia.
Doctor Noblecilla ¿cómo definiría políticamente la actual crisis del
Ministerio Público?
Lo que vivimos no es una simple crisis institucional. Es una confrontación abierta entre dos bloques de poder que se disputan el control de la Fiscalía de la Nación como si fuera un botín. No se enfrentan proyectos democráticos distintos, sino dos variantes del mismo modelo autoritario, que buscan instrumentalizar la justicia para blindarse, perseguir adversarios y garantizar impunidad.
¿Y qué le dice esto al país sobre el estado de su institucionalidad?
Nos dice que tenemos un Estado de fachada y de papel en donde las instituciones que deberían proteger la justicia y los derechos ciudadanos han sido convertidas en armas de los grupos de poder. La
Fiscalía, lejos de estar al servicio del pueblo, opera como operador político de intereses mafiosos. La ciudadanía no puede dejarse engañar por esta falsa disputa en donde ningún bando representa un camino democrático. Ambos niegan la soberanía popular y atentan contra los intereses de las grandes y marginadas mayorías.
¿Por qué sostiene que tanto Patricia Benavides como Delia Espinoza son expresiones del mismo problema?
Porque ambas encarnan el mismo modelo de justicia capturada. Patricia Benavides fue el brazo jurídico del golpe contra el presidente Pedro Castillo y para ello, usó la Fiscalía para blindar congresistas
corruptos, perseguir dirigentes populares y legitimar un gobierno ilegítimo.
Delia Espinoza, aunque con otro discurso, ha sido impuesta desde un círculo tan cerrado y de sombras como el que sostenía a Benavides.
No hay justicia posible sin romper con ese esquema autoritario en donde ambas fiscales son dos caras de una misma moneda.
¿Qué piensa del papel de la Junta Nacional de Justicia en esta coyuntura?
La JNJ debía ser garantede la idoneidad y autonomía de jueces y fiscales. Pero ha actuado con criterios políticos, no técnicos. Restituir a Benavides sin sentencia firme y con amenaza de fuerza pública es una acción inaceptable en democracia.
La JNJ debe ser fortalecida y al mismo tiempo también democratizada. Hoy no está al margen del conflicto y su presencia está atrapada en la misma lógica de poder que ha podrido al sistema
de justicia.
¿Y el Congreso? ¿Qué rol ha jugado en esta crisis?
El Congreso no es un espectador, es un actor central en esta crisis y en la descomposición del Estado. Es la piedra angular del gobierno más ilegítimo, antipopular y corrupto que ha tenido el país desde el fujimontesinismo. Desde el primer momento, ha operado como una maquinaria de blindaje, chantaje y encubrimiento. No representa
la voluntad del pueblo, sino los intereses de una minoría enquistada que legisla contra la ciudadanía, destruyen instituciones y bloquea cualquier posibilidad de reforma democrática.
¿Cuál es su opinión sobre la forma en que se elige al Fiscal de la Nación?
Es un mecanismo conservador, cerrado y profundamente antidemocrático. La Junta de Fiscales Supremos se elige entre sí, a puertas cerradas, sin audiencias, sin escrutinio público. Así, la Fiscalía deja de ser un órgano autónomo y se convierte en propiedad
de una cúpula. Esto tiene que cambiar. No podemos permitir que la justicia siga siendo una estructura tan alejada del pueblo y de lo que realmente signifique democracia.
¿Qué propone concretamente para reformar este sistema?
Que el proceso de elección del Fiscal de la Nación sea público, con audiencias abiertas y participación ciudadana real. Debemos proponer un sistema donde las candidaturas puedan ser evaluadas, observadas y eventualmente rechazadas por el pueblo si no cumplen con principios éticos y democráticos. Esto no es solo una reforma técnica sino un acto de justicia política. Es hora de devolverle al pueblo el control sobre el aparato que debe proteger sus derechos.
Delia Espinoza ha presentado recursos legales para defender su nombramiento. ¿Eso no significa respeto a la institucionalidad?
Presentar recursos no equivale a respetar la democracia. Es un derecho, sí, pero cuando se ejerce desde una estructura cerrada, sin
legitimidad ni transparencia, no representa una verdadera defensa del Estado de derecho. Delia Espinoza repite los mismos vicios del
sistema. La legalidad formal no puede ser una coartada para perpetuar la justicia al servicio de las élites. Lo que necesitamos es una justicia construida desde y para el pueblo.
¿Cuáles son los peligros si esta crisis no se resuelve desde una perspectiva popular y democrática?
El mayor peligro es que normalicemos la justicia capturada y la impunidad institucionalizada. Si permitimos que la Fiscalía siga
siendo escenario de guerra entre mafias económicas y políticas, desaparece toda esperanza de imparcialidad. Se profundiza la crisis, se rompe el pacto social, y el Estado pierde por completo su legitimidad. La República no sobrevivirá si su sistema de justicia sigue estando secuestrado.
¿Qué mensaje le deja al país como candidato al Senado y defensor del Estado de derecho?
Lo que enfrentamos no es una simple disputa institucional, sino una lucha de fondo contra la lógica mafiosa que ha capturado el sistema de justicia y traicionado la voluntad popular. No habrá verdadera reforma si no rompemos con este modelo que reproduce impunidad y favorece a los grupos de poder. Recuperar el Ministerio Público para el pueblo es una tarea urgente y esencial. La justicia no puede seguir siendo un instrumento de intereses privados. Desde el Senado, me comprometo a dar esa batalla con el pueblo como único mandante. No más pactos de élite, no más simulaciones. Ha llegado la hora de poner el poder al servicio de quienes siempre han sido excluidos. Es la hora de la reparación democrática.
