Benavides apeló su suspensión de 24 meses como fiscal de la Nación, pese a estar investigada por cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento.
La defensa legal de Patricia Benavides apeló la resolución que la suspende como fiscal suprema y fiscal de la Nación por 24 meses. Sus abogados, Jorge del Castillo, Humberto Abanto, Christian Salas y Juan Peña Flores, acusaron al juez Segismundo León de vulnerar derechos fundamentales como el debido procedimiento, la legalidad procesal penal y la debida motivación de las resoluciones. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó la suspensión a pedido del Ministerio Público por presuntos delitos cometidos durante la gestión de Benavides, lo que bloquea su eventual reposición ordenada por la JNJ.
Conflicto legal y apelación de su defensa
El recurso, presentado tras la suspensión impuesta el miércoles, argumenta que la decisión judicial incurre en “graves vulneraciones” a los derechos de Benavides. En el documento se lee que buscan “la revocatoria de la inconstitucional decisión expedida por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria”.
El fallo impugnado emitido luego de una solicitud presentada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó la restitución de Benavides en el cargo, desatando una crisis institucional y críticas desde varios sectores políticos.
Investigación por corrupción y choque institucional
La investigación abierta contra Patricia Benavides incluye los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en perjuicio del Estado. Se le acusa de haber interferido en las investigaciones del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ para favorecer al abogado José Luis Castillo Alva y su entorno.
La resolución judicial, que desactiva la ejecución de la orden de restitución emitida por la JNJ, profundiza la tensión entre esta entidad y el Ministerio Público, en un contexto de disputas por la autonomía institucional y el control de la Fiscalía.
Poder Judicial defiende independencia de sus decisiones
Desde Cusco, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, defendió la medida del Juzgado Supremo. “Esta suspensión temporal ha sido dictada en un proceso judicial con todos los elementos de procedimiento”, señaló. Recalcó que se trata de una medida en el marco de una investigación en curso y que debe respetarse la autonomía del sistema judicial.
Tello evitó emitir opinión personal sobre el fondo del fallo, y subrayó que su rol institucional exige un “respeto absoluto a las decisiones judiciales”.
