Fiscal de la Nación de facto desacata resolución por más de 10 días pese a notificación oficial.
Organismo constitucional denuncia “abierta desobediencia” y quiebre institucional.
Mientras que Delia Espinoza amenaza con prisión a los policías que se atrevan a ingresar a retirarla del cargo
La Junta Nacional de Justicia activó el procedimiento de ejecución forzosa para restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, tras constatar que Delia Espinoza desacató deliberadamente la resolución del pleno del organismo constitucional.
Seis de los siete miembros de la JNJ denunciaron que Espinoza incurrió en “abierta desobediencia” al mandato vigente, al no cumplir con restituir a Benavides ni siquiera en su calidad de fiscal suprema. El organismo aplicó el artículo 205 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General para forzar el cumplimiento de su decisión.
EL DESAFÍO
INSTITUCIONAL
DE ESPINOZA
La Resolución N° 231- 2025-JNJ que repuso a Benavides como Fiscal de la Nación y fiscal suprema se aprobó el 2 de junio pasado y se notificó oficialmente a la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, según detalla la JNJ, hasta la fecha Espinoza no implementó ninguna acción que permita restablecer a Benavides
en el cargo. Esta inacción prolongada durante más de un mes motivó la activación de los mecanismos de ejecución forzosa.
La JNJ subrayó que el incumplimiento de una resolución administrativa firme representa un quebrantamiento grave del orden
institucional. El organismo consideró indispensable activar estos mecanismos para garantizar el respeto al principio de legalidad. “Por
ello, la Junta Nacional de Justicia, en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa”, indicó el pleno a través de un comunicado difundido este lunes.
LA TENSIÓN ENTRE
PODERES DEL ESTADO
El enfrentamiento entre la JNJ y Espinoza evidencia una crisis institucional profunda en el sistema de justicia peruano. La fiscal interina mantiene su posición desafiando abiertamente a un organismo constitucional autónomo. Esta confrontación trasciende el caso particular y plantea interrogantes sobre el funcionamiento del Estado de derecho en el país.
La JNJ reiteró que su pronunciamiento se fundamenta en el respeto al debido proceso y la obligatoriedad del cumplimiento de actos
administrativos. El organismo aclaró que las resoluciones pueden cuestionarse judicialmente, pero sin que ello suspenda sus efectos.
Esta precisión refuerza la legitimidad de la medida adoptada contra Espinoza. El procedimiento de ejecución forzosa marca un punto de inflexión en esta disputa institucional.
La decisión de la JNJ demuestra que no tolerará el desacato a sus resoluciones, independientemente de quien ocupe el cargo cuestionado. El caso expone las fracturas dentro del Ministerio Público y la necesidad urgente de restablecer el orden institucional.
DATOS: LA JNJ CONVOCÓ directamente a la Policía Nacional del Perú para ejecutar la restitución de Patricia Benavides, según información adicional del caso. Esta decisión sin precedentes demuestra que el organismo constitucional agotó las vías administrativas convencionales y recurre ahora al brazo armado del Estado para hacer
cumplir su mandato. La intervención policial representa la escalada
máxima del conflicto institucional y coloca a Delia Espinoza en
una situación de jaque definitivo, donde ya no puede eludir el
cumplimiento de la resolución mediante dilaciones burocráticas.
