La justicia se vuelve peligrosa en manos de quienes
persiguen personas y no delitos.
Fiscalía sacándole la vuelta a la ley, consigue impedimento
para expresidente por otro caso.
Pedro Pablo Kuczynski ya no podrá salir del país. El Poder Judicial le impuso 18 meses de impedimento de salida tras considerar que existe un “riesgo latente de fuga”. La decisión fue tomada pocas horas después de que el exmandatario fuera impedido de abordar un vuelo a Estados Unidos, a pesar de que, en ese momento, no tenía ninguna
restricción legal vigente.
La jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, aceptó el pedido fiscal por el caso de presuntos aportes irregulares de la empresa CASA a la campaña presidencial de 2016. Argumentó que la investigación es compleja, con penas elevadas en juego, y que existe peligro de que el investigado eluda la justicia.
Lo que generó controversia fue que la audiencia, originalmente prevista para este lunes, fue adelantada de forma exprés
luego de que Migraciones impidiera a Kuczynski abordar su vuelo,
alegando una “alerta migratoria”.
El Ministerio Público solicitó la reprogramación inmediata, y el juzgado accedió sin mayores reparos.
El expresidente no participó en la audiencia por razones médicas. Su abogado, Julio Midolo, estuvo a cargo de la defensa y sostuvo que
el viaje estaba justificado por razones familiares y de salud. La defensa cuestionó el procedimiento y anunció la interposición de un habeas corpus para restituir el derecho al libre tránsito.
El caso ha despertado una ola de críticas entre juristas y ciudadanos que advierten sobre una peligrosa tendencia: usar medidas restrictivas sin condena ni resolución firme. Para muchos, impedir el viaje
de Kuczynski sin una orden judicial y luego justificarlo con una audiencia acelerada configura un precedente preocupante.
PPK enfrenta una investigación por presunto lavado de activos en el marco del caso conocido como “Club de la Construcción”.
Según la Fiscalía, habría recibido un aporte irregular de US$100,000 de la empresa CASA, y autorizado documentos falsos para ocultar su origen. Pero hasta ahora no se le ha imputado formalmente ningún delito.
El peligro de normalizar el abuso
Juristas advierten que el caso Kuczynski puede sentar un precedente riesgoso: se impide viajar a una persona sin resolución judicial vigente, y luego se justifica la medida con una decisión judicial tomada bajo presión mediática.
El debido proceso no puede ser reemplazado por la sospecha o la inmediatez. Si se permite que Migraciones impida salidas sin mandato judicial, y que los jueces validen ese accionar con audiencias exprés, el país se desliza hacia la arbitrariedad institucionalizada.
