Pleno del Congreso ya la aprobó en primera votación. Fentagro anuncia movilizaciones para que no se ratifique en segunda votación.
Se pretende ampliar beneficios a empresas por diez años más, sin atender reclamos de trabajadores
La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) anunció una jornada nacional de protesta si el Congreso ratifica en segunda votación la polémica Ley Chlimper 2.0.
El proyecto, ya aprobado en primera votación, busca extender por diez años más los beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras, pese a su alto costo fiscal y el rechazo de gremios agrarios, organizaciones sindicales y especialistas.
Para Fentagro, esta norma representa un retroceso frente a las conquistas logradas tras el Paro Agrario de 2020, cuando miles de trabajadores del campo paralizaron actividades y bloquearon vías para exigir el fin del régimen de sobreexplotación laboral instaurado por la antigua Ley de Promoción Agraria. “No vamos a permitir que nos impongan otra ley hecha a medida de los empresarios”, declaró JesúsVilcabana, dirigente nacional del gremio.
El nuevo proyecto — denominado por sus críticos como Ley Chlimper 2.0— incluye una reducción del Impuesto a la Renta del 29,5% al 15%, reintegros de IGV, depreciación acelerada de infraestructura agraria, deducciones por compras a proveedores del RUS, y un régimen especial para pequeños productores.
Sin embargo, el grueso de sus beneficios recaerá en menos de 20 grandes agroexportadoras, según denunció la CGTP.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha advertido que esta norma implicaría un impacto fiscal de más de S/1.850 millones anuales y hasta S/20.000 millones en una década. “El Congreso está regalando recursos públicos a un sector que ya lidera las exportaciones del país, mientras postergan derechos laborales básicos y blindan intereses privados”, cuestionó Eduardo Zegarra, investigador de Grade.
Además del costo económico, el proyecto incluye artículos que debilitan la fiscalización laboral. Dos disposiciones finales limitan la supervisión de Sunafil, priorizándola en zonas informales y excluyendo a muchas agroexportadoras. También permiten la notificación digital de contratos y boletas de pago, lo que podría facilitar abusos, ya que la mayoría de trabajadores del agro no cuenta con medios ni formación digital para ejercer sus derechos plenamente.
Otro punto crítico es el artículo de “seguridad jurídica”, que establece
que los beneficios fiscales se mantendrán inalterables para empresas que firmen convenios de estabilidad, incluso si la ley fuera derogada. Para los trabajadores, esto configura un candado legal que busca blindar intereses empresariales sin ningún control ni contrapeso.
Organizaciones como Conveagro han señalado que esta ley va en contra de la agricultura familiar, que representa al 97% de los productores en el país y no recibe ningún beneficio tributario.
“Mientras unos pocos reciben exoneraciones millonarias, la mayoría lucha por sobrevivir sin acceso a créditos, sin protección ni precios
justos”, denunciaron en un pronunciamiento. Fentagro y otros gremios agrarios han iniciado coordinaciones para una jornada de movilización nacional, que podría realizarse este lunes o martes. “Estamos hablando de una ley que condena al agro a la desigualdad permanente. Si la aprueban, volveremos a salir a las carreteras. La lucha no ha terminado”, advirtió Vilcabana.
UNA LEY CON NOMBRE PROPIO Y CANDADO INCLUIDO
Privilegios tributarios por diez años y blindaje empresarial preocupan a trabajadores del agro
La Ley Chlimper 2.0 no solo plantea una reducción del Impuesto a la Renta del 29,5% al 15% para las agroexportadoras, sino que además habilita deducciones, reintegros de IGV y una depreciación
acelerada de infraestructura agrícola. Estos incentivos —cuestionados por su alto costo fiscal— serían prácticamente intocables gracias a un artículo que garantiza “seguridad jurídica” hasta el año 2036, incluso si el Congreso decide revertir la norma. “Este candado es inaceptable. Pretenden que el Estado y los ciudadanos financien con sus impuestos a grandes grupos económicos, mientras se debilitan los controles
laborales y se margina al pequeño agricultor”, señaló Eduardo Zegarra, economista de Grade. La pregunta central persiste: ¿quién gana realmente con esta ley?
