El Equipo Lava Jato acusa a la expareja presidencial de organización criminal y colusión agravada por favorecer a Odebrecht. Mientras Ollanta Humala cumple condena en Perú, Heredia evade la justicia desde Brasil con asilo político. La corrupción durante su gobierno sigue cobrando factura.
La Fiscalía peruana solicitó 35 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al Gasoducto Sur Peruano. El caso, que involucra pagos ilegales a empresas como Odebrecht, suma otra condena a la expareja presidencial, ya sentenciada a 15 años por financiamiento ilícito de campañas. Mientras Humala purga su pena en el penal de Barbadillo, Heredia evade la justicia desde Brasil bajo asilo político. El Congreso, además, le suspendió los beneficios como expresidente, excepto su polémica pensión vitalicia.
La acusación: Delitos que mancharon un gobierno
El Equipo Especial Lava Jato, liderado por la fiscal Geovanna Mori, formalizó la acusación contra Humala y Heredia por los delitos de organización criminal y colusión agravada. Los cargos se relacionan con los proyectos Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano, adjudicados entre 2011 y 2015, años en los que Humala gobernó el país. Según la Fiscalía, su administración habría manipulado licitaciones para beneficiar a la brasileña Odebrecht, recibiendo pagos ilegales a cambio.
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla también figura en la acusación, con una pena solicitada de 29 años. La investigación revela que los contratos se otorgaron bajo irregularidades, marcando otro escándalo en una gestión ya cuestionada por vínculos con corrupción internacional.
Condena previa y fuga de Heredia
Este nuevo proceso se suma a la sentencia de 15 años de prisión que ambos recibieron en 2023 por aceptar dinero de Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas en 2006 y 2011. Humala cumple su condena en el penal de Barbadillo, pero Heredia logró asilo político en Brasil bajo el gobierno de Lula da Silva, evitando así la cárcel. Su situación genera controversia, pues mientras el exmandatario enfrenta las consecuencias, ella se escuda en protección internacional.
Congreso retira beneficios, pero mantiene pensión vitalicia
El Congreso peruano suspendió los privilegios de Humala como expresidente, incluidos vehículo oficial, vales de combustible y asistente personal. Sin embargo, conservará su pensión vitalicia, un beneficio blindado por la Ley 26519. La decisión refleja un ajuste parcial, pues muchos critican que un condenado por corrupción siga recibiendo dinero público.
Legado de un gobierno en entredicho
El caso Gasoducto Sur confirma el patrón de corrupción que marcó el gobierno de Humala. Desde financiamiento ilegal hasta contratos amañados, su administración queda bajo la sombra de la impunidad y los acuerdos oscuros. Mientras la justicia peruana intenta avanzar, la fuga de Heredia y las limitadas sanciones a los exfuncionarios exponen las grietas de un sistema que aún no logra cerrar el capítulo más turbio de la política reciente.
