Promueven contenidos contra la violencia en medios, pero varios legisladores tienen denuncias, investigaciones o sanciones por agresiones.
El Congreso aprobó una ley 30364, la cual obliga a los medios de comunicación a dedicar el 10 % de su programación a contenidos educativos sobre prevención de la violencia hacia la mujer y el entorno familiar. Sin embargo, varios de los congresistas que respaldaron esta norma enfrentan denuncias policiales, investigaciones fiscales o han sido sancionados por conductas machistas. La contradicción entre la norma y la conducta de sus impulsores expone una profunda incoherencia en el enfoque institucional hacia la violencia de género.
Congresistas con denuncias de violencia
Cuatro legisladores enfrentan denuncias por agresiones físicas, psicológicas o sexuales.
Congresistas con denuncias policiales por violencia:
- Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial)
- Denunciado en 2018 en Abancay (Apurímac) por una mujer que lo acusó de violencia física y psicológica.
- Su respuesta ante la consulta: “No me recuerdo. No me recuerdo.”
- Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular)
- Acusado en 2023 en Sullana (Piura) por maltrato psicológico.
- La denunciante afirmó haber recibido mensajes humillantes como: “No le va a dar ni un sol, que fue la peor etapa de su vida, que es una tonta, que se va a quedar sin nada.”
- Castillo negó los hechos ante el Ministerio Público.
Congresistas con investigaciones fiscales en curso:
- José Jerí Oré (Somos Perú)
- Acusado el 30 de diciembre de 2024 en Huaral (Lima) por presunta agresión sexual mientras la víctima estaba inconsciente.
- El caso está en investigación preliminar por la Fiscalía Suprema de Familia.
- Su abogado, Ricardo Caldas, declaró: “Mi patrocinado ha asistido a todas las diligencias, incluso se sometió a la prueba de ADN. Está 100 % tranquilo con los resultados.”
- Carlos Alva Rojas (Acción Popular)
- Denunciado el 26 de febrero de 2025 en Trujillo por agresión física.
- La denunciante afirmó que la golpeó en el rostro y el hombro, donde tenía una operación reciente.
- Alva negó los hechos en mayo de 2025: “Niega haberla golpeado.”
Comentarios sexistas y discursos discriminatorios
El 18 de septiembre de 2024, Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso) fue suspendido por 30 días tras filtrarse un comentario sexista durante una sesión virtual del Congreso: “Se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción. Tiene unas t… Ya la miré bien ya.” Luego justificó: “Lamento que se haya filtrado una conversación privada con un asesor hablando de las bondades de la anatomía de las féminas.”
Otro caso fue el 1 de abril de 2025, Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, cuestionó la participación femenina en la ciencia. “No habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciencias exactas. Me preocupa que se diga 33 %, algo no está bien. La ciencia busca que prevalezcan los mejores”, afirmó.
Contradicciones del discurso oficial
Mientras el Congreso impone medidas que buscan promover el respeto y la igualdad de género en los medios, algunos de sus propios integrantes reproducen actitudes y comportamientos que vulneran esos principios. Esta contradicción entre el contenido de la ley y la conducta de sus impulsores pone en duda el compromiso real del Parlamento frente a la violencia de género. La norma obliga a terceros a difundir mensajes contra la violencia, pero no exige lo mismo a quienes la legislan.
