Reforma favorece a las grandes empresas financieras y va directamente contra los intereses de la clase trabajadora quitándoles parte de su sueldo y otorgando pensiones míseras.
Trabajadores independientes deberán entregar hasta 5% de ingresos a AFP desde 2028 aunque ganen menos de mil soles mensuales.
“Pensión por consumo” de Keiko Fujimori drena recursos públicos hacia administradoras privadas con beneficios de apenas 103 soles mensuales
El Ministerio de Economía y Finanzas publicó el proyecto de reglamento de la Ley 32123
que representa un despojo sistemático contra los trabajadores peruanos disfrazado de modernización previsional.
La normativa castiga a quienes retiraron sus fondos en situaciones de emergencia, obliga a trabajadores independientes a alimentar un sistema que no les garantiza pensión alguna y crea mecanismos tributarios regresivos que drenan recursos públicos hacia las AFP.
EL CHANTAJE DE LAS
PENSIONES MÍNIMAS
El reglamento ejecuta una venganza contra quienes ejercieron su derecho a retirar fondos durante la pandemia y crisis económica. La norma prohíbe categóricamente el acceso a la pensión mínima con garantía estatal a cualquier persona que haya retirado dinero de su AFP tras la vigencia de la ley. Esta medida punitiva convierte el derecho a una pensión digna en un privilegio condicionado.
Las restricciones no terminan ahí. El sistema exige 240 Unidades de Aporte equivalentes a 20 años de aportes continuos para acceder a beneficios básicos. Esta barrera resulta inalcanzable para la mayoría de trabajadores informales e independientes que representan el 70% de la fuerza laboral peruana.
“Estamos obligando a miles a realizar un ahorro obligatorio que no les dará ni pensión
ni protección social. No tiene sentido técnico ni jurídico”, denunció Álvaro Vidal, especialista
en sistemas previsionales. El abogado calificó estas restricciones como “una sanción legal encubierta, impuesta de manera retroactiva” que viola principios constitucionales elementales.
La reforma incrementa además de 50 a 55 años la edad mínima para jubilación anticipada. Mientras tanto, mantiene intacto el sistema de comisiones que permite a las AFP cobrar por administrar fondos que muchos trabajadores jamás podrán recuperar como pensión.
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES: NUEVOS
CAUTIVOS DEL SISTEMA
A partir de 2028, cualquier peruano que emita recibos por honorarios estará obligado a
aportar al sistema previsional. La tasa será progresiva en el SNP, comenzando con 2% hasta llegar al 5% en 2034. En el SPP, la tasa será del 5% desde el inicio, más seguros y comisiones que pueden superar el 7%.
Esta medida representa una confiscación de ingresos para alimentar un sistema privado
ineficiente. Los trabajadores independientes, que ya enfrentan inestabilidad laboral y bajos ingresos, ahora deberán destinar parte de sus recursos a fondos que probablemente nunca les retornarán como pensión adecuada.
“A partir de 2028, cualquier peruano que emita recibos por honorarios estará obligado a aportar, aunque gane poco o trabaje de manera eventual. Es una bomba de tiempo para el
próximo gobierno”, advirtió Vidal. El especialista recordó que un intento similar fracasó en 2013 por su inviabilidad técnica y social.
Pedro Francke criticó que la medida rompe con la progresividad tributaria vigente. “Está bien que quienes ganan mucho aporten, pero no se ha planteado una solución real para los que apenas ganan mil soles mensuales”, señaló el exministro. La reforma obliga a
aportar sin garantizar retornos, convirtiendo el sistema previsional en un negocio cautivo
para las AFP.
LA ESTAFA DE LA “PENSIÓN
POR CONSUMO”
El mecanismo más publicitado del reglamento permite destinar el 1% del valor de compras mensuales de hasta 700 soles al fondo de pensiones. Esta medida, impulsada por Fuerza Popular y Keiko Fujimori, representa un subsidio estatal directo a las AFP disfrazado de
beneficio social.
Los números revelan la farsa. Una persona que gasta 1,000 soles mensuales en compras formales apenas aportaría 10 soles al mes. En 30 años tendría un fondo de poco más de 20,000 soles, generando una pensión mensual de apenas 103 soles. Esta cifra resulta insultante para cualquier trabajador que aspire a una vejez digna.
“Prácticamente en ningún lugar del mundo se financian pensiones en base al consumo.
Los sistemas previsionales buscan ser solidarios, redistributivos, y aquí se hace todo lo contrario”, explicó Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School. El académico denunció que esta medida busca “dar un salvavidas a las AFP tras años de mala gestión”. Noelia Bernal, investigadora de la Universidad del Pacífico, calificó la pensión por consumo como un “despropósito”.
La académica explicó que esta medida implica que el Estado devuelva parte del IGV para que ese dinero termine en cuentas administradas por las AFP, que cobran comisión por su gestión. El mecanismo es además profundamente regresivo. El 60% de la población pobre
queda excluida porque su consumo se realiza en mercados informales sin boletas electrónicas. Mientras tanto, las personas con mayores ingresos que consumen en establecimientos formales reciben subsidios estatales para alimentar sus cuentas privadas.
UN SISTEMA DISEÑADO
PARA LAS AFP
La reforma no aborda los problemas estructurales del sistema previsional peruano. No existe aporte del empleador, a diferencia de la mayoría de países desarrollados. Los trabajadores deben autofinanciar completamente su jubilación mientras las AFP cobran comisiones por administrar fondos que pueden no generar pensiones adecuadas. Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo, consideró “absurdo que una persona se afilie al sistema privado y si no alcanza la pensión mínima, sea el Estado quien tenga que asumir el faltante”. El funcionario propuso un sistema dual complementario donde todos aporten a una bolsa común gestionada por la ONP para garantizar pensiones base.
La apertura del mercado a bancos, aseguradoras y cajas como Empresas Administradoras de Fondos amplía las oportunidades de negocio sin mejorar las condiciones para los afiliados. Las instituciones financieras podrán acceder a un mercado cautivo de trabajadores obligados a aportar sin garantías de retorno.
Pedro Francke resumió el problema central: “Esta ley está mal diseñada, porque obliga
a aportar sin garantizar una pensión digna”. El exministro advirtió que se favorecerán los
ingresos de las AFP sin resolver la informalidad laboral ni la falta de cobertura adecuada para millones de peruanos.
El reglamento representa así una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el sistema financiero privado, legitimada mediante un discurso de modernización que oculta su verdadero propósito: garantizar la rentabilidad de las AFP a costa de los derechos previsionales de los ciudadanos.
