Congresista José Pazo propone modificar el Código Penal con penas más duras contra la extorsión y el «terrorismo urbano». La iniciativa busca proteger a quienes contribuyen al desarrollo económico.
El congresista José Pazo Nunura, de Somos Perú, presentó un proyecto de ley que impone cadena perpetua para los delitos de extorsión y terrorismo urbano, especialmente si las víctimas son personas o empresas que brindan servicios públicos. La propuesta modifica el artículo 200 del Código Penal e introduce el artículo 317-C, con el argumento de proteger el desarrollo económico y la seguridad ciudadana ante el «incremento descomunal» de la criminalidad.
Una definición peligrosamente amplia
El proyecto de ley busca castigar actos que «generen zozobra» sin necesidad de motivación política, lo que podría usarse contra manifestaciones sociales o conflictos vecinales. Cuando la ley no distingue entre crimen organizado y descontento popular, termina siendo un arma contra los más vulnerables.
Penalidades más duras contra la extorsión
El proyecto, denominado «Ley que sanciona con cadena perpetua a los delitos de extorsión y terrorismo urbano», establece penas de 15 a 20 años de prisión para quienes usen violencia o amenazas para obtener beneficios ilegales. La pena se agrava a cadena perpetua si el afectado es un proveedor de servicios públicos. Según Pazo, la medida busca «proteger los derechos fundamentales» y garantizar un «clima de paz y tranquilidad» para el crecimiento del país.
Extorsión a funcionarios: mayor condena
La iniciativa también castiga con cadena perpetua a quienes, aprovechando su cargo, faciliten información o medios para cometer extorsión. «La pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir al delito, suministra datos conocidos por su función o proporciona medios para el crimen», señala el texto.
Terrorismo urbano: cadena perpetua automática
El proyecto introduce el delito de «terrorismo urbano», definido como actos que generen zozobra o inseguridad en la población, negocios o empresas. «Será reprimido con cadena perpetua, sin importar su motivación ideológica», precisa. La norma ordena al Poder Ejecutivo implementar programas de protección y apoyo psicológico para víctimas, además de campañas informativas y una línea de atención especial en la Policía Nacional.
Enfoque en seguridad y desarrollo
Pazo justifica su propuesta afirmando que el aumento de la criminalidad frena el progreso económico. El proyecto entraría en vigencia tras su publicación en El Peruano, aunque antes requiere un estudio de viabilidad. La iniciativa refleja una postura dura contra la delincuencia, aunque queda por verse su impacto real en la reducción de estos crímenes.
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