Juez del Callao ordenó internamiento de adolescente de 17 años bajo Ley 32330 tras intento de asalto violento a conductor de aplicativo.
El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva para un adolescente de 17 años por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa contra el taxista Josué Cueva Medina. El juez Luis Miguel Torres Bonifacio, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, basó su decisión en los indicios presentados por el Ministerio Público. El menor ya tenía antecedentes y su detención se ampara en la cuestionada Ley 32330, que permite juzgar penalmente a adolescentes desde los 16 años por delitos graves.
Violencia contra el conductor y fuga de cómplices
El 19 de mayo de 2025, Josué Cueva aceptó una carrera por aplicativo y se dirigió al jirón Arica, en el Callao. Al llegar, el menor abordó el auto por la puerta delantera y atacó al conductor para quitarle las llaves. Hubo un forcejeo. El menor simuló tener un arma al meter la mano dentro de su casaca, intentando intimidar al taxista. En medio de la agresión, aparecieron dos sujetos más. Uno abrió la puerta, lo amenazó con un arma, lo golpeó y le robó la billetera. Mientras tanto, el adolescente se llevó su teléfono móvil.
La Policía de la Comisaría de Bellavista, que patrullaba por la zona, logró detener solo al menor. Los otros dos atacantes escaparon. El juez consideró que los hechos eran graves y tomó en cuenta que el adolescente ya había sido internado antes en el Centro Juvenil ‘Maranguita’.
La nueva ley y sus implicancias
La Ley 32330, promulgada por el Ejecutivo y publicada en El Peruano, modifica el Código Penal y permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como asesinato, violación, secuestro, extorsión o narcotráfico. En este caso, se aplicó por el delito de robo agravado en grado de tentativa.
Aunque el gobierno sostiene que esta norma combate la impunidad en delitos como el sicariato y las violaciones grupales, su implementación ha sido cuestionada desde distintos frentes. El Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han advertido sus posibles efectos regresivos y ya hay una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para derogarla.
