Los afectados por los reiterado intentos de la religiosa Rebecca Frick para hacerse del control del fundo Huerta Grande, en Moro (Ancash), presentaron esta semana una denuncia en el Vaticano.
La acusación fue presentada ante el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica -que es la entidad encargada de regular las actividades de religiosos y congregaciones.
La denuncia estuvo dirigida a sor Simona Brambilla, que es la primera mujer en ocupar un cargo tan alto en la Santa Sede. Brambilla no es solo la jefa de esta dependencia cuya función es mantener el orden entre los miembros de las diversas agrupaciones religiosas sino que conoce el Perú profundamente, pues ha sido la encargada de disolver el Sodalicio, la controvertida congregación peruana desarticulada por, justamente, traficar terrenos en el norte del país junto con otras perlas como al abuso de personas y el manejo inadecuado de los bienes de la Iglesia.
En su escrito ante el Vaticano las víctimas de los intentos de tomar la propiedad de los terrenos en Moro por parte de la hermana Rebecca, hacen un recorrido por todos los hechos que les ha tocado experimentar y relatan el vía crucis que han seguido para ser oídos por la Iglesia y su jerarquía, que hasta la fecha ha hecho oídos sordos de la situación. Se trata de “una serie de hechos delictivos e irregulares” relata el documento, a la vez que señala como agravante el hecho de que se trate de una Superiora Local de la Congregación de Hermanas de la Misericordia de San Vicente de Paúl.
En su denuncia recuerdan que el Código de Derecho Canónico señala que debido a sus votos, un religioso “pierde la capacidad de adquirir y poseer, por lo que son nulos sus actos contrarios al voto de pobreza. Lo que adquiera después de la renuncia pertenecerá al instituto conforme a la norma del derecho propio”, de lo que se deriva la prohibición de que la cuestionada religiosa haya actuado como gestora de negocios y en nombre de su pariente Martin Emil Alfred Gstöhl. También señalan que el mismo Código establece la imposibilidad de “realizar actos de propiedad y actos de compraventa”.
“Existe un interés desproporcionado a los intereses de la vida religiosa que ha llevado a la religiosa a no reconocer que ha excedido sus facultades canónicas, haciendo unas erogaciones de dinero desproporcionadas y cuyo origen no se evidencia”, señalan en su denuncia.
También recuerdan que en varios documentos la religiosa dice actúa en nombre de otra persona -un supuesto pariente suyo-, mientras que en otros documentos señala actuar en nombre propio. “No cabe duda de que participar en una serie de procesos administrativos y judiciales sobre derechos posesorios resulta una actividad que contradice el voto de pobreza. Lo que a nuestro criterio empeora la situación es que ha sido notificada en diversos momentos de que ha sido objeto de estafa: el primero de ellos el año 2015 cuando un tribunal ordena el desalojo del Fundo Huerta Grande a la Hna. Norma Anna Frick” recalca la denuncia, a la vez que recuerda que actuar en las gestiones patrimoniales en nombre de un laico no es una actividad propia de una religiosa.
“Desde el punto de vista canónico, la adquisición ilegítima de bienes por parte de un religioso profeso es nula y en su condición de religiosa, la Hna. Norma Anna Frick se debe a la obediencia del propio Instituto y de la disciplina de la Iglesia”, afirma la denuncia presentada en Roma.
