Ejecutivo promulga Ley 32336 que sanciona con cadena perpetua el reclutamiento de menores para actividades delictivas.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 32336, que endurece las penas contra quienes reclutan a menores de edad para cometer delitos, como parte de una estrategia legislativa para frenar el uso de adolescentes por el crimen organizado.
La norma, publicada el sábado 17 de mayo en El Peruano, modifica el Código Penal e incorpora el artículo 129-Q, que establece penas que van desde los 8 años hasta la cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito y el vínculo del reclutador con el menor.
Penas más severas por captar a menores
Según el nuevo artículo, quien capte a un menor mediante violencia, amenaza, coacción o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad enfrentará entre 8 y 12 años de cárcel. Si se induce al menor a participar en delitos graves como sicariato, robo agravado, tráfico ilícito de drogas o en una organización criminal, la pena sube a entre 12 y 25 años.
Cadena perpetua por abuso de autoridad o parentesco
La ley agrava aún más la pena cuando el reclutador se aprovecha de su cargo, su posición de autoridad o mantiene un vínculo familiar con el menor. En ese caso, el castigo será cadena perpetua.
Reforma también apunta contra adolescentes infractores
Esta medida se complementa con la Ley 32330, publicada el 10 de mayo también en El Peruano, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Esta ley permite que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados como adultos en casos de delitos graves.
La mitad de los sicarios detenidos son menores de edad
Ambas leyes buscan frenar la creciente participación de menores en crímenes de alta peligrosidad. Según el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, “el 50% de los detenidos por sicariato son adolescentes de entre 15 y 17 años”, sobre todo en el Callao y el norte del país. Además, indicó que “la mitad de los adolescentes detenidos enfrenta cargos por tenencia ilegal de armas”.
Una respuesta al avance del crimen organizado
Las normas buscan dar herramientas más duras al sistema judicial ante el avance del crimen organizado, que encuentra en los menores un blanco fácil para sus fines delictivos.
