Rafael Vela descarta que suspensión de cooperación con Brasil afecte pruebas, pero defensores ven oportunidad para impugnar procesos. Críticos señalan debilidad institucional del sistema judicial peruano.
El fiscal coordinador de Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que la suspensión temporal de la colaboración judicial con Brasil no invalida pruebas ni sentencias del megacaso de corrupción. Sin embargo, esta decisión -notificada el martes al mediodía- ya es aprovechada por defensores como los del expresidente Ollanta Humala para impugnar procesos. Mientras la Fiscalía insiste en la «solidez» de su trabajo, expertos cuestionan por qué el sistema judicial peruano depende tanto de cooperaciones internacionales para casos emblemáticos.
Una cooperación que ya venía en crisis
Rafael Vela reconoció que el distanciamiento con Brasil no es nuevo. «Advertimos este escenario desde que Lula asumió la presidencia», dijo a Canal N. La suspensión formal, que llegó al Ministerio Público a las 12:15 p.m. del martes, busca revisar «aspectos formales» según Brasil, pero no anula lo ya compartido.
Vela: «Ninguna prueba se ha caído». Mencionó el caso Toledo -extraditado desde EE.UU.- como ejemplo del respaldo internacional. Sin embargo, no explicó por qué, tras siete años de investigación, el Perú sigue necesitando validación externa para sostener sus procesos.
Las defensas preparan su movida
Los abogados de Humala ya anunciaron que usarán esta fisura para apelar su condena. «Quieren conseguir en Brasil lo que no lograron aquí», acusó Vela. Pero el argumento revela un problema mayor: la justicia peruana opera con la sombra de dudas sobre su autonomía.
«Si las pruebas son sólidas, ¿por qué temen revisiones?», cuestionó el constitucionalista Guillermo Olivera. Recordó que el propio Rafael Vela admitió que Brasil podría negarse a futuras colaboraciones, lo que dejaría en el aire casos pendientes.
Doble estándar judicial
Mientras la Fiscalía celebra condecoraciones internacionales, las cifras muestran otra realidad: de 68 imputados en Lava Jato, solo 12 tienen sentencia firme. El 80% de procesos siguen en investigaciones preliminares o juicios eternos.
«Hablan de éxito cuando ni siquiera han logrado recuperar el 10% de lo robado», señaló la abogada penalista Marisol Pérez. Criticó que se gaste más en viajes de fiscales que en fortalecer capacidades locales.
La suspensión brasileña expone una cruda verdad: tras años de titulares, el sistema anticorrupción peruano sigue caminando con muletas internacionales. Mientras, ciudadanos ven cómo grandes casos se diluyen en tecnicismos y disputas entre fiscales y defensores.
