Ronald Loza Machicao habría recibido sobornos de Frigoinca para alterar informes tras intoxicación de escolares. Fiscalía lo vincula a organización criminal que operaba en el programa social Qali Warma.
Funcionario implicado en caso de intoxicación escolar es capturado
Un alto funcionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno fue detenido por presuntamente encubrir a la empresa Frigoinca, proveedora de Qali Warma. Ronald Loza Machicao está acusado de recibir sobornos para manipular informes técnicos tras la intoxicación de 20 escolares en marzo de 2024. La Fiscalía lo vinculó a la organización criminal «Los Fríos del Hambre», que habría alterado procedimientos para beneficiar a la empresa.
La captura se realizó en un hotel de Puno durante un operativo conjunto con la Policía Nacional. Loza enfrenta cargos por cohecho pasivo propio y organización criminal. Las autoridades allanaron cuatro propiedades vinculadas al caso, tres en Puno y una en Arequipa.
Escándalo por intoxicación y manipulación de informes en Qali Warma
El caso se remonta a la intoxicación masiva de estudiantes que consumieron pollo en conserva de la marca Don Simón. Investigaciones posteriores revelaron que Frigoinca habría pagado sobornos para modificar los análisis oficiales. Loza, entonces responsable de Salud Ambiental en Puno, habría alterado los documentos clave.
Una investigación periodística de octubre de 2024 expuso el presunto esquema de corrupción. Pese a las denuncias, el funcionario continuaba laborando en la Diresa hasta su reciente captura. El caso tomó un giro trágico cuando el presidente de Frigoinca fue hallado muerto en diciembre pasado.
Organización criminal ponía en riesgo alimentación escolar
La Fiscalía describe a «Los Fríos del Hambre» como una red que manipulaba procesos de control de calidad. Su objetivo habría sido proteger los intereses de empresas proveedoras sin importar el riesgo para los niños. El caso evidencia graves fallas en el sistema de supervisión de Qali Warma.
Las autoridades continúan investigando el alcance de la organización criminal. Este escándalo ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas profundas en los programas sociales. Mientras tanto, padres de los escolares afectados exigen justicia y garantías de que no se repetirán estos hechos.
