El organismo electoral propone anular partidos por firmas falsas y afiliaciones indebidas, pero evade su responsabilidad por no haber prevenido estas prácticas sistemáticas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado un proyecto de ley que busca sancionar con suspensión o nulidad a los partidos políticos que se inscriban usando firmas falsas o afiliaciones sin consentimiento. Aunque la medida parece firme, llega tras años de permisividad y omisiones por parte del propio organismo que hoy quiere aparecer como defensor de la legalidad.
Tolerancia institucional a prácticas fraudulentas
Durante su exposición ante la Comisión de Constitución, el presidente del JNE, Roberto Burneo, presentó el proyecto como una solución para “fortalecer las organizaciones políticas”. Sin embargo, el propio JNE ha sido incapaz de frenar estas prácticas, pese a múltiples alertas ciudadanas y reportes de la prensa.
Por años, decenas de organizaciones políticas han logrado inscribirse con padrones inflados o comités inexistentes sin que el JNE aplicara sanciones efectivas. Ahora, con una propuesta que suena más reactiva que preventiva, el organismo busca salvar su imagen cuando el daño a la institucionalidad ya está hecho.
Burneo afirma que las sanciones serán proporcionales a la gravedad de las faltas. Sin embargo, no explica por qué durante su gestión y la de sus antecesores se permitió que partidos con evidencia de firmas irregulares participaran libremente en elecciones.
Responsabilidad penal: una reforma necesaria, pero tardía
El JNE también plantea que los partidos sean sujetos de responsabilidad penal. Hoy solo los personeros o militantes que cometen fraudes enfrentan consecuencias judiciales. Incluir a las organizaciones como personas jurídicas es un avance, pero es legítimo preguntar por qué no se impulsó antes.
Roberto Burneo admite que hoy las organizaciones pueden actuar como instrumentos de delitos sin consecuencias reales. Pero no menciona que esta laguna legal ha sido utilizada durante al menos dos décadas con conocimiento de las autoridades electorales.
Si el JNE realmente busca sancionar a quienes permiten estas prácticas, debería comenzar revisando su rol como supervisor y reconociendo su pasividad frente a partidos que operan como fachadas legales sin militancia real ni funcionamiento efectivo.
Fiscalización debilitada por el Congreso y por el propio JNE
El proyecto también busca restablecer la fiscalización permanente de comités partidarios, una función que el Congreso eliminó en 2024. Burneo responsabiliza al Legislativo, pero omite que el JNE no luchó con firmeza contra esta modificación cuando se debatía.
En 2023, el JNE identificó que más de 100 partidos no mantenían sus comités activos. Aun así, no se vio ninguna acción política fuerte para evitar que siguieran participando del proceso electoral. ¿Por qué el organismo electoral no advirtió con más contundencia esta omisión ante la opinión pública?
La fiscalización posterior que ahora se propone ya existía y fue debilitada con la complicidad de un sistema que protege a partidos de alquiler y permite que se reciclen cada elección.
Vacíos legales que el JNE nunca denunció con firmeza
Otro punto crítico de la reforma es impedir que partidos se mantengan inscritos durante procesos electorales si no cumplen los requisitos mínimos. Aunque se busca cerrar ese vacío legal, el JNE nunca hizo un llamado urgente al Congreso para corregir esta anomalía.
Tampoco alertó con claridad a la ciudadanía sobre cómo estas reglas favorecían a partidos sin representación real. Ahora, cuando las elecciones de 2026 se acercan, el organismo intenta recuperar credibilidad proponiendo una reforma que pudo haberse impulsado años atrás.
Según el propio Burneo, ya se han presentado 159 denuncias por uso de firmas no válidas. Esta cifra refleja un sistema electoral profundamente dañado y, peor aún, tolerado por las propias autoridades encargadas de su supervisión.
Una reforma con sabor a lavado de imagen
La propuesta del JNE parece más una estrategia para recomponer su reputación que una solución estructural. No basta con endurecer las sanciones. El país necesita un JNE que actúe con firmeza y oportunidad, no solo cuando la presión mediática o política lo obliga a reaccionar.
La reforma debe venir acompañada de una autocrítica institucional y una reestructuración de los mecanismos de supervisión. De lo contrario, será solo un nuevo intento de maquillar un sistema que, bajo la vigilancia del JNE, ha permitido que partidos sin legitimidad accedan al poder con total impunidad.
