La fiscal Jessica Gomero justificó la liberación de los detenidos y criticó duramente a la Policía Nacional por falta de pruebas en el caso.
La Fiscalía ordenó la liberación de 16 ciudadanos venezolanos detenidos en un operativo policial en Ate. La fiscal Jessica Gomero aseguró que no existían pruebas suficientes para mantenerlos arrestados. Además, acusó a la PNP de realizar una intervención mediática sin sustento legal.
Fiscalía cuestiona procedimiento policial
Gomero, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, afirmó que el operativo careció de fundamentos. Señaló que se realizó sin la presencia de un fiscal, lo que debilita su validez legal.
«Querían vender humo con un caso promocionado para la prensa», declaró la fiscal. Recalcó que su despacho analizó las pruebas y no encontró sustento para las acusaciones.
Detenciones arbitrarias, según la Fiscalía
La representante del Ministerio Público detalló que la PNP arrestó a todos los residentes de un edificio. Esto ocurrió pese a que las pruebas solo vinculaban a algunos individuos.
Las armas y municiones se hallaron en un baño común del segundo piso. Sin embargo, detuvieron a personas de todos los pisos, incluyendo a mujeres no relacionadas con el caso.
PNP defiende su operativo
La Policía Nacional insiste en que los detenidos pertenecían a una organización criminal. Según su versión, el grupo estaba involucrado en narcotráfico, extorsión y proxenetismo.
El coronel Henry Chingay aseguró que las pruebas eran contundentes. Sin embargo, la Fiscalía determinó que no cumplían con los requisitos legales para sostener las acusaciones.
Falta de coordinación entre instituciones
Gomero lamentó que el operativo se realizara sin coordinación con el Ministerio Público. Subrayó que esto afecta la recolección de pruebas y su posterior validez en juicio.
La fiscal insistió en que toda intervención policial debe contar con supervisión fiscal. Esto garantiza la transparencia y evita cuestionamientos posteriores, según explicó.
Liberados pero bajo investigación
Aunque los 16 detenidos recuperaron su libertad, el caso sigue en investigación. La Fiscalía no descarta nuevas acciones si aparecen pruebas concretas.
Mientras tanto, el debate sobre métodos policiales y rigor legal continúa. Este caso reaviva la discusión sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.
La polémica refleja tensiones entre instituciones encargadas de la justicia. Ciudadanos exigen mayor coordinación para evitar errores que afecten su libertad.
