El Ministerio Público informó que el alcalde de Comas pactó junto a los demás sentenciados para entregar una obra pese a que se encontraba inconclusa. Asimismo, precisaron que la ejecución de la sentencia será diferida.
El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte consiguió que se sentencie, en primera instancia, a seis años de pena efectiva, con ejecución diferida, al alcalde del distrito de Comas, Ulises Villegas, por pactar la entrega de una obra inconclusa.
Junto con él fueron sentenciados también los exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia Rubén Jiménez (gerente municipal), Elizabeth Espinoza (gerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra), por ser coautores del delito de colusión agravada.
Asimismo, el despacho fiscal logró que sentencien a tres años de pena efectiva (con ejecución diferida) a los exservidores municipales Santos Espinoza (gerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (gerente de Administración y Finanzas), por ser coautores del delito de falsedad ideológica.
En 2017, la empresa UDEL Group se adjudicó la construcción del proyecto ‘Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz de los asentamientos humanos San Camilo, San Albino y El Volante (SNIP-29876)’.
El fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez, quien estuvo a cargo del caso, sustentó durante el juicio oral que Ulises Villegas, en representación de UDEL Group, y los demás sentenciados pactaron realizar la entrega de la obra a pesar que se encontraba inconclusa, provocando un perjuicio económico al Estado.
Además sustentó, como principales elementos de convicción, el expediente técnico de la obra, los informes técnicos de la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las pericias de ingeniería civil, contabilidad y economía, entre otros.
El Ministerio Público también consiguió que los procesados sean inhabilitados por cinco años de la función pública y para contratar con el Estado.
Además, logró que los sentenciados por colusión agravada y falsedad ideológica realicen el pago de 365 y 180 días multas, respectivamente, los cuales serán ejecutados si se confirma la sentencia en segunda instancia.
