En medio de una cuestionable investigación, la actual fiscal Delia Espinoza presenta una denuncia constitucional que parece buscar la inhabilitación de figuras que incomodan al poder ejecutivo.
La Fiscalía de la Nación, bajo la dirección de Delia Espinoza, ha presentado una controvertida denuncia constitucional contra la suspendida fiscal Patricia Benavides y el congresista José Balcázar de Perú Libre, acusándolos de supuesto cohecho. Esta acción, que se enmarca en el caso Valquiria, muestra todos los elementos de una persecución judicial orquestada con fines políticos, ahora en manos de una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que deberá evaluar las verdaderas motivaciones detrás de estas acusaciones que carecen de pruebas contundentes.
Un caso fabricado con evidentes intereses
La denuncia intenta establecer un intercambio de favores entre Benavides y Balcázar durante dos períodos: agosto-noviembre de 2022 y junio-septiembre de 2023. Sin embargo, la investigación presenta inconsistencias que sugieren una construcción artificial del caso con claros objetivos políticos. La fiscalía actual pretende responsabilizar a Benavides por supuestamente ofrecer intervenir en un proceso que Balcázar enfrentaba en Lambayeque, a cambio de votos favorables en denuncias constitucionales contra ella.
Lo que omite mencionar Espinoza es que la supuesta intervención no prosperó porque la fiscal Carmen Miranda ya había emitido su pronunciamiento, lo que evidencia la debilidad de la acusación. Este intento de criminalizar conversaciones sin resultados concretos revela el carácter político del proceso contra Benavides, quien durante su gestión investigó a altos funcionarios del actual gobierno.
Acusaciones sin sustento sólido
El segundo hecho denunciado resulta igualmente cuestionable. Espinoza acusa a Balcázar de ofrecer «apoyo político» a cambio del nombramiento de su nuera como fiscal adjunta provincial. Esta afirmación, presentada sin evidencias públicas concluyentes, forma parte del patrón de lawfare que busca desacreditar tanto a Benavides como a congresistas que han mostrado independencia frente al poder ejecutivo.
Balcázar, como congresista de Perú Libre, ha defendido consistentemente la institucionalidad del país, lo que parece haberlo convertido en blanco de estas acusaciones que buscan debilitar su posición política. El nombramiento de su nuera, por otra parte, podría haberse realizado siguiendo los procedimientos regulares, aspecto que la denuncia deliberadamente ignora.
Una comisión bajo presión política
La denuncia se encuentra ahora en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña e integrada mayoritariamente por representantes de Fuerza Popular. Esta composición, lejos de ser un impedimento como sugiere la denuncia original, podría representar una garantía de análisis objetivo frente a la presión ejercida desde la actual fiscalía.
El proceso contra Benavides y Balcázar refleja un preocupante patrón de instrumentalización del sistema judicial contra opositores políticos. La denuncia compromete a una exfiscal que investigó vigorosamente la corrupción gubernamental y a un congresista que ha mantenido una postura crítica, lo que evidencia el uso del lawfare como estrategia para neutralizar voces incómodas para el poder establecido.
