El informe de Nilza Chacón recomienda archivar la denuncia contra Boluarte y propone que el Congreso denuncie a la Fiscalía por presunta infracción constitucional.
Nilza Chacón, parlamentaria de Fuerza Popular y encargada de realizar el informe final de la acusación, propuso que la denuncia constitucional contra la jefa de Estado Dina Boluarte por el caso Rolex se archive y que se proteja a la presidenta de una investigación preparatoria por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio.
La documentación fue entregada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y señala que con el marco legal vigente es constitucionalmente correcto y obligatorio que la SAC declare la no procedencia de la acusación, ya que no existe una base legal para procesar a la mandataria.
El reporte se fundamenta en el artículo 117 de la Constitución, el cual establece los delitos por los que se pueden investigar a un presidente en funciones son traición a la patria, impedimento de elecciones o disolución del Congreso. Es por ello que el informe señala que la denuncia constitucional hacia la jefa de Estado no encaja dentro de las causales previstas.
El documento presentado el 10 de abril ante el SAC, finalizó que al plantear una acusación sería vulnerar el principio de legalidad. Además, avisó que el Congreso estaría ignorando una prohibición expresa de la Carta Magna si decide continuar con el proceso. De esta manera, el argumento jurídico se presenta como un escudo que permite a Dina Boluarte eludir responsabilidades mientras permanezca en el cargo.
El informe dirige severas críticas contra la Fiscalía de la Nación, a la que acusa de actuar con fines políticos. Según Nilza Chacón, la denuncia presentada por el ex fiscal Juan Carlos Villena fue «improcedente» y careció de fundamentos jurídicos, respondiendo más bien a una estrategia para generar presión mediática. Por ello, el reporte sugiere que el Poder Legislativo evalúe la posibilidad de denunciar a la entidad por haber promovido un procedimiento constitucional que va en contra de lo establecido en la Constitución.
Para sustentar esto último, se invocan los artículos 99 y 100 de la Carta Magna, los cuales facultan al Congreso a ejercer control político sobre altos funcionarios que excedan sus atribuciones. En ese sentido, la Fiscalía habría transgredido sus límites al impulsar una denuncia que vulnera los principios de legalidad constitucional. Esto ocasiona que el caso Rolex sea usado para generar un enfrentamiento de poderes.
