Transportistas denuncian que dado que la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y El Callao ATU viene renovando las autorizaciones para las empresas de transporte formal siendo que las exigencias y plazos establecidos por esta entidad resultan fuera de la realidad y contradicen la Declaratoria de Emergencia para Lima y Callao establecida por Decreto Supremo N° 035-2025-PCM ante la ola de extorsiones, se anuncian diversas medidas entre ellas una paralización general del servicio. Siendo conocido por la opinión pública que justamente las empresas de transportes urbano son principales víctimas del crimen organizado con pérdidas de vida de varios conductores, constante paralización del servicio ante amenazas y retiro de choferes a otras actividades menos peligrosas, por lo que se tiene flota parada en los terminales. Por parte la banca, el sector ha sido declarado de alto riesgo para financiar la renovación de flota, presentándose también graves problemas de los sistemas informáticos y administrativos de la propia ATU. A esto hay que sumar la predominancia de la informalidad (casi 10, 000 vehículos) en toda la capital que constituye competencia desleal afectando gravemente a los formales, fenómeno que ha crecido exponencialmente sin que la autoridad fiscalizadora (ATU) haya podido en sus cinco años de existencia implementar medidas sostenidas, bien coordinadas con las municipalidades distritales y sobre todo con la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, varios dirigentes de la UNIDAD GREMIAL presentaron memoriales ante la PCM y el Congreso de la Republica a la espera de que se atiendan y se disponga una prórroga razonable y justa de seis meses para cumplir los requisitos establecidos. El gremio ha decidido tomar acciones como paralizaciones del servicio y medidas cautelares ante el Poder Judicial entre otras manifestó su vocero el abogado Franck Gómez.
