TÍA MARÍA
Agricultores del Valle de Tambo buscan que el Poder Judicial intervenga para garantizar sus derechos fundamentales y detener un proyecto que consideran una amenaza para su medio de vida. El paro indefinido continúa.
En medio de una creciente conflictividad social y ambiental, los agricultores del Valle de Tambo (Arequipa) han interpuesto una demanda de amparo contra las autoridades ambientales: el Ministerio de Energía y Minas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); así como contra la empresa Southern Perú, promotora del proyecto minero Tía María.
Esta acción legal busca la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado, en un contexto de fuerte oposición social debido a la falta de licencia social y los riesgos ambientales asociados al proyecto.
La demanda se suma al paro indefinido iniciado el 17 de febrero, que refleja el rechazo de las comunidades locales. Según Miguel Meza, vocero del Valle de Tambo, la población denuncia que el gobierno y la empresa imponen el proyecto sin haber llevado a cabo un proceso adecuado de socialización con las comunidades afectadas.
Meza criticó la ausencia de autoridades clave, como la presidenta de la República y el ministro de Energía y Minas, quienes no han visitado la región para dialogar con los agricultores. Además, señaló que las estrategias de la empresa para ganar aceptación, como la entrega de regalos, han fracasado ante la firmeza del rechazo comunitario.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
El vocero también denunció la criminalización de la protesta en el Valle de Tambo, señalando que, hasta la fecha, ocho personas han fallecido, dos han sido encarceladas y otras ocho viven en la clandestinidad debido a sentencias judiciales vinculadas a su participación en manifestaciones.
Destacó el caso de una mujer que, sin haber cometido delito alguno, fue condenada a pagar una reparación de más de 200.000 soles, lo que la ha obligado a esconderse junto a sus cuatro hijos. Estas acciones, según Meza, buscan desmovilizar a los agricultores y debilitar su lucha en defensa del medio ambiente y la agricultura.
David Velazco, director de FEDEPAZ, explicó que la demanda busca que el Poder Judicial declare la caducidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María, aprobado en 2014 y cuya vigencia expiró en 2019, según lo establecido en la Ley N° 27446 y su reglamento. Velazco subrayó que el EIA es un requisito fundamental para prever y mitigar los impactos ambientales del proyecto, particularmente en el Valle de Tambo, donde la agricultura depende del agua del río Tambo y de los ecosistemas frágiles de las Lomas de Achay.
PROCESO JUDICIAL
El abogado Rodrigo Lauracio, integrante del área legal de la Red Muqui, detalló que el proceso judicial iniciará con la admisión de la demanda por parte del juez, lo que debería ocurrir en un plazo de tres días. Posteriormente, los demandados —Southern Perú, MINEM, OEFA y SENACE— tendrán diez días para responder. Una vez presentadas las respuestas, se programará una audiencia de vista de la causa, seguida de la emisión de la sentencia.
Aunque el plazo legal para resolver el caso en primera instancia es de 30 días, Lauracio advirtió que, debido a la carga procesal, el proceso podría extenderse entre dos y tres meses.
DEFIENDEN SU TERRITORIO
En representación de los agricultores, Agripina Páucar expresó su preocupación por los impactos ambientales y sociales que generaría Tía María. Resaltó la importancia de la agricultura como principal sustento económico en la región y denunció que la contaminación minera ya ha afectado el agua y la salud de los habitantes de Islay.
Según Páucar, el agua que llega a la zona desde otras operaciones mineras, como Quellaveco y Aruntani, presenta altos niveles de contaminación, poniendo en riesgo la producción agrícola y la calidad de vida de las comunidades.
