La ejecución de la decisión emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en una audiencia de adelanto de sentencia se encuentra suspendida hasta que esta quede firme, permitiendo al acusado acogerse a un recurso de apelación
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a 8 años de prisión efectiva a excongresista Daniel Salaverry, al hallado culpable de los delitos de peculado doloso por apropiación para sí y peculado por apropiación para otros.
En audiencia de adelanto de sentencia, la sala señaló que la condena no se ejecutará hasta que quede firme, por lo que se le impusieron diversas reglas de conducta mientras se resuelve el recurso de apelación.
Así, Salaverry Villa deberá presentarse a la autoridad judicial el primer día de cada mes para el control biométrico, no ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del juez competente.
Asimismo, deberá concurrir a la autoridad judicial y fiscal las veces que sea citado, bajo pena de apercibimiento de ser revocada la suspensión provisional de la condena. Deberá pagar una indemnización de S/119,57.80.
Del mismo modo, a Daniel Salaverry se le impusieron 360 días multa por los dos delitos, equivalentes a la suma de S/71,699.40 que deberá a favor del Estado. También fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos.
El caso contra Salaverry comenzó con las acusaciones en su contra por presentar informes de semanas de representación que contenían información falsa para sustentar actividades que supuestamente realizó entre noviembre del 2017 y marzo del 2018.Estos documentos incluían fotos y registros de actividades falsas, por lo que fue acusado constitucionalmente para que se levante su fuero y procesa su proceso penal.
Según la sentencia, quedó acreditado que el expresidente del Congreso no cumplió con la semana de representación del 21 al 24 de noviembre del 2017, 27 al 30 de diciembre del 2017, 22, 24 y 25 de enero del 2018, 19, 20 y 21 de febrero del mismo año y 26, 27, 29 y 30 de marzo.
EJECUCIÓN DE CONDENA SUSPENDIDA
Cabe mencionar que la decisión emitida en la ejecución de la condena se encuentra suspendida hasta que esta quede firme en la audiencia programada para el próximo 21 de marzo, permitiendo al acusado acogerse a un recurso de apelación. Mientras tanto, Salaverry deberá cumplir con una serie de reglas de conducta. Entre estas, se encuentra la obligación de presentarse el primer día de cada mes ante la autoridad judicial para el control biométrico.
Además, no podrá ausentarse de su lugar de residencia sin autorización previa del juez competente y deberá atender todas las citaciones de las autoridades judiciales y fiscales. En caso de incumplimiento, se advirtió que podría revocarse la suspensión provisional de la condena.
El fallo también establece que Daniel Salaverry deberá pagar una indemnización de 119.578 soles a favor del Estado. Asimismo, se le impuso una multa de 360 días, equivalente a 71.699 soles. Además de las sanciones económicas, el excongresista ha sido inhabilitado por un periodo de cinco años para ejercer cualquier cargo público.
De acuerdo con el Ministerio Público, el exlegislador habría utilizado de manera irregular S/ 10.000, un monto asignado por la Dirección General de Administración del Congreso para cubrir gastos relacionados con la semana de representación. Este dinero debía ser empleado para actividades en su región de representación, La Libertad, durante su periodo como congresista de Fuerza Popular entre 2017 y 2018. Sin embargo, Salaverry no cumplió con asistir a las actividades programadas en varias ocasiones y tampoco devolvió los fondos asignados.
El caso se centra en cuatro periodos específicos: noviembre y diciembre de 2017, así como enero y marzo de 2018. Según la denuncia fiscal, en estas fechas el entonces congresista no participó en las actividades correspondientes a la semana de representación en su región. Este incumplimiento, sumado a la falta de devolución de los recursos asignados, constituye el núcleo de las acusaciones en su contra.
La semana de representación es una herramienta clave para que los congresistas mantengan contacto directo con sus electores y supervisen las necesidades de sus regiones. Los fondos asignados para estas actividades están destinados a garantizar que los legisladores puedan cumplir con estas responsabilidades sin restricciones económicas. Sin embargo, casos como el de Salaverry plantean interrogantes sobre la transparencia y el uso adecuado de estos recursos.
