Un total de 2078 personas fueron condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, durante el año 2024, como resultado de la labor desempeñada por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a nivel nacional.
Así lo evidencia el balance estadístico elaborado por la Coordinación Nacional de dicho subsistema del Ministerio Público, donde se señala que -entre los 1569 servidores y funcionarios públicos con mayor número de condenas- figuran: 23 fallos judiciales contra gobernadores regionales, 169 a gerentes, 179 a policías y 91 contra alcaldes, entre otros.
Según dicho balance, los delitos más comunes fueron peculado doloso por apropiación, cohecho activo (coima) y negociación incompatible.
Estos logros, que permiten combatir el abuso del poder para beneficio personal, son el resultado de la incansable labor desplegada a nivel nacional por los fiscales, peritos y personal administrativo que conforman los 150 despachos superiores, supraprovinciales y provinciales, en los 34 distritos fiscales del Ministerio Público.
Se informó también que, como parte de las investigaciones por corrupción de funcionarios, se obtuvieron 121 medidas de prisión preventiva y se ejecutaron 67 operativos y megaoperativos a nivel nacional, autorizados judicialmente.
Más de 100 millones de soles de reparación civil
Otra cifra resaltante es también la referida al monto total de reparación civil a favor del Estado, lograda a través de las sentencias condenatorias.
De esta manera, se permitió imponer S/ 100’062,227.56 millones por dicho concepto, lo que refleja una estrategia integral en la lucha contra la corrupción, combinando la investigación rigurosa, la persecución penal efectiva y el resarcimiento económico por el delito cometido.
Cabe precisar que, entre los distritos fiscales con mayor número de condenas se encuentran Cusco – Sede La Convención (90), Lima Norte (88) y Arequipa (56).
Estos resultados demuestran el compromiso del Ministerio Público para seguir trabajando de manera incansable para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública.
Asimismo, representa un avance significativo en la batalla contra este flagelo que afecta el desarrollo del país.
