AÚN NO SE CONVOCA a Comisión Permanente para eliminar norma que faculta a odontólogos practicar cirugías plásticas.
Presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), no impulsa sesión de la Comisión Permanente y Fuerza Popular presiona para evitar su discusión.
La reciente aprobación de la Ley n.º 32210, que modifica la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, ha generado una fuerte reacción del sector médico en el país. Esta norma, que introduce el concepto de “práctica médica” en la labor de los odontólogos, pone en riesgo la seguridad de los pacientes y genera un peligroso vacío legal en la delimitación de competencias en el ámbito de la salud.
Uno de los principales argumentos para la derogación de esta ley es que la mayoría de sus
modificaciones resultan innecesarias. De los cuatro artículos que modifica, tres ya estaban regulados en la normativa vigente, como el acceso de los odontólogos a cargos administrativos, su derecho a la negociación colectiva y su participación en las guardias médicas.
La única novedad es la creación de un “equipo básico de guardia” conformado exclusivamente por odontólogos, una medida que carece de fundamento técnico y que altera la organización de los servicios de emergencia.
Sin embargo, el problema central radica en la modificación del artículo 4, que redefine el trabajo del cirujano dentista como una “práctica médica” sustentada en el “acto médico”. Este cambio semántico no es casual ni inocente. Su verdadero propósito es abrir las puertas para que los odontólogos ingresen a ámbitos reservados a la medicina, como la aplicación de sustancias modelantes en tratamientos estéticos.
Cabe recordar que, en 2023, el Congreso aprobó la Ley N.º 32118, que regula el uso de estas sustancias y establece que su aplicación es un acto médico. En su momento, el Colegio Odontológico del Perú intentó sin éxito incluir a los odontólogos como profesionales habilitados para realizar estos procedimientos. La Ley 32210 representa un nuevo intento de apropiarse de una competencia que no les corresponde, en detrimento de la seguridad de los pacientes.
El Colegio Médico del Perú ha denunciado que esta ley también facilita que los odontólogos participen en procedimientos quirúrgicos para los cuales no están capacitados. En hospitales públicos, donde los pacientes suelen presentar comorbilidades y condiciones médicas complejas, la delimitación clara de roles es esencial para garantizar una atención adecuada. Permitir que odontólogos asuman funciones médicas podría llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados, poniendo en peligro la vida de los pacientes.
Además, en los últimos años se han registrado múltiples casos de odontólogos que, sin la formación ni el respaldo legal necesario, han realizado procedimientos estéticos invasivos, con consecuencias graves para los pacientes.
Estas prácticas han sido fiscalizadas y denunciadas por el Colegio Médico en conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional, pero la Ley 32210 les otorga un aval legal para continuar con ellas. La comunidad médica ha advertido que, de implementarse esta ley, los casos de malas prácticas no serán aislados, sino que se convertirán en un problema generalizado. En lugar de fortalecer la regulación del sector salud, la Ley 32210 genera un retroceso que
afecta directamente la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.
Frente a este panorama, es urgente que el Congreso de la República rectifique
su decisión y proceda con la derogación de esta norma. No se trata de un conflicto
entre médicos y odontólogos, sino de una medida necesaria para garantizar que cada profesional actúe dentro de su ámbito de competencia, protegiendo así la integridad de los pacientes. El país no puede permitirse una ley que antepone intereses particulares a la salud pública. La derogación de la Ley 32210 es una necesidad urgente para preservar la calidad y seguridad de la atenciónmédica en el Perú.
Salhuana no se pronuncia
A pesar de los serios cuestionamientos y el grave riesgo que corre la población del país, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, no ha mostrado mayor interés en propiciar en la diversas bancadas para convocar a Comisión Permanente, en donde
se podría debatir esta situación. Al parecer, los intereses económicos de cientos de odontólogos que ya estarían incursionando en actividades estrictamente médicas, mueven las voluntades de las bancadas y congresistas para que no se reúna la Comisión Permanente y se discuta y vote, finalmente, por la derogación de esta norma. Otro aspecto es que la bancada fujimorista, con la que Alianza para el Progreso (APP conforma la Mesa Directiva), tampoco ha mostrado mayor interés en debatir la cuestionada ley, a pesar de la presencia de un médico entre sus filas, como el ex ministro de Salud, Alejandro Aguinaga.
