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Tres universidades peruanas dejarán de funcionar desde el 31 de diciembre

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El próximo 31 de diciembre será el último día de actividades académicas para estas dos casas de estudio, las cuales no cumplieron con las Condiciones Básicas de Calidad estipuladas en por el organismo regulador

El 2024 está por llegar a su fin y en todo el país los ciclos de estudios están por culminar y, en el caso de algunas universidades peruanas, este será el último ciclo que podrán ofrecer a sus estudiantes, pues no cumplieron con los requisitos para obtener el licenciamiento de parte de Sunedu para seguir funcionando con normalidad. Así pues, este 31 de diciembre tendrán que cerrar sus sedes sin ofrecer más servicios de educación a sus actuales estudiantes. En esta nota podrás conocer a los 3 centros de estudios superiores que se encuentran en esta situación y qué es lo que sucederá con sus alumnos.

Son diversas las universidades que no consiguieron el licenciamiento de Sunedu este 2024. Sin embargo, buena parte de ellas ya terminaron sus actividades incluso antes de que culminara el año. En ese sentido, estas son las 3 que todavía quedan y que dejarán de funcionar este 31 de diciembre:

Universidad José Carlos Mariátegui
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez
Universidad Latinoamericana CIMA

Cabe mencionar que cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) exigidas por el ente adscrito al Ministerio de Educación es necesario para demostrar que los centros de estudios cumplen con ciertos requisitos básicos en el ámbito académico, administrativo e infraestructural.

¿Qué sucederá con los estudiantes de estas universidades?
Por supuesto, los más afectados son aquellos estudiantes que todavía se encuentran estudiando en estas universidades. Por suerte, Sunedu ha determinado que todo centro de estudio que esté por cerrar debido a no conseguir el licenciamiento, debe comunicar a sus alumnos la situación. Así como las opciones que tienen para continuar con su carrera en otra universidad.

Por ejemplo, las universidades que están por cerrar pueden firmar convenios con otras instituciones que sí tengan el licenciamiento para que sus alumnos puedan seguir estudiando. Para ello, deberán facilitarles todos los documentos que puedan necesitar, como certificados de estudios.

¿Qué otras universidades no obtuvieron el licenciamiento de Sunedu?
Universidad Privada Juan Pablo II (UJPII): Esta casa de estudios que se creó en el 2010 y se ubicaba en Ate, contaba con 930 estudiantes y una plantilla de 90 docentes en sus instalaciones. Aunque, se vieron obligados a cerrar por la Sunedu debido a que no cumplieron ciertas normas.
Universidad Alas Peruanas (UAP): Esta institución de educación superior cerró sus puertas el 16 de noviembre de 2021, luego que se rechazara el licenciamiento por parte de la Sunedu. Por ello, los estudiantes que lograron matricularse en ese momento pudieron pasarse a otra universidad licenciada o convalidar sus estudios.
Universidad Privada de Pucallpa: Sunedu denegó la licencia institucional en 2019 ya que no pudieron cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Tras darle un plazo de dos años para que cierre, la universidad finalizó sus actividades en 2021.
Universidad Científica del Perú (UCP): Esta institución de educación superior no logró la licencia institucional de Sunedu en 2023. Aunque, esta vez sus estudiantes pudieron convalidar sus estudios en otras universidades licenciadas.

Adicionalmente, las universidades cerradas están obligadas a entregar documentos académicos pertinentes, como certificados de estudios, a quienes opten por trasladarse a otras instituciones. Este proceso es esencial para garantizar la continuidad de los proyectos académicos de los estudiantes afectados.

¿Qué universidades cerraron en 2024 por no obtener licenciamiento?
El cierre de la Universidad José Carlos Mariátegui y la Universidad Latinoamericana CIMA no es un caso aislado. En lo que va del segundo semestre del 2024, otras tres universidades también cesaron sus operaciones por no cumplir con los estándares de licenciamiento. Estas instituciones son:

Universidad San Andrés, que cerró el 14 de agosto de 2024.
Universidad Particular de Chiclayo, clausurada el 19 de agosto de 2024.
Universidad Privada Telesup, que dejó de operar el 4 de septiembre de 2024.

Condiciones Básicas de Calidad: requisitos fundamentales
El proceso de licenciamiento llevado a cabo por la Sunedu se basa en el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), un conjunto de requisitos diseñados para asegurar que las universidades ofrezcan una formación académica adecuada. Estos requisitos incluyen:

Planes académicos definidos: Las universidades deben contar con objetivos claros y programas de estudio alineados con sus planes de desarrollo institucional.
Infraestructura adecuada: Es esencial que las instituciones dispongan de instalaciones y equipos suficientes para garantizar un entorno académico óptimo.
Personal docente calificado: Al menos el 25% del cuerpo docente debe trabajar a tiempo completo, y se exige que los profesores tengan la preparación necesaria para desempeñar su función.
Líneas de investigación consolidadas: Se requiere que las universidades demuestren avances en investigación, con proyectos específicos que contribuyan al conocimiento en sus áreas de especialidad.
Servicios educativos complementarios: Las instituciones deben ofrecer bibliotecas, centros de idiomas y orientación profesional para sus estudiantes.
Transparencia en la gestión: Es indispensable que las universidades cuenten con mecanismos claros para asegurar una gestión administrativa y financiera adecuada.

El reciente fallo del 13° Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima ha otorgado un respiro a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), cuya clausura definitiva estaba prevista para el 31 de diciembre de 2025. Según esta decisión judicial, se declaró la nulidad de dos resoluciones emitidas en 2020 por la Sunedu, las cuales denegaron el licenciamiento institucional de dicha universidad.

La sentencia obliga a la Sunedu a reiniciar el proceso de evaluación desde cero, con un plazo máximo de 30 días para emitir un nuevo pronunciamiento. Este escenario representa un desafío para la entidad reguladora, que deberá fundamentar nuevamente su decisión bajo criterios más ajustados.