También quieren bloquear el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia para mantener a jueces y fiscales afines.
ANTE EL TEMOR DE PERDER IMPUNIDAD en el sistema judicial y ser investigados, impulsan la salida de Dina Boluarte.
Como unos niños berrinchudos que lloran cuando pierden en el juego, los denominados “caviares” y sus socios que controlaron el Estado, especialmente el presupuesto para colocar a sus allegados de las ONG en cargos y jugosas consultorías —en los tiempos de Vizcarra, Sagasti y camuflados con Castillo— pretenden impulsar nuevamente la figura de
la vacancia presidencial contra Dina Boluarte.
El pretexto para esta desproporcionada decisión es el avance de la criminalidad y la apatía de las autoridades del Ejecutivo en impulsar reformas penales o de otra índole que permitan controlar al crimen organizado, a pesar de que las cifras y las explicaciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, muestran una significativa reducción en materia de sicariato y extorsiones.
Frente a ello, los congresistas afines a esta ideología, que alguna vez pertenecieron a Nuevo Perú y el Partido Morado, impulsan subrepticiamente una moción de vacancia presidencial en el Parlamento Nacional, para la cual ya viene conversando con representantes de diversas bancadas.
La medida no sería mal vista en el entorno del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, personaje con aspiraciones políticas no siempre coincidentes con la posición de su partido Alianza para el Progreso, cuyos dueños — los Acuña— demostraron incapacidad hasta para manejar un equipo de fútbol, el César Vallejo, con un pie en la segunda división.
Sin embargo, una de las verdaderas razones para sacar a la presidenta Boluarte de Palacio de Gobierno es la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que el investigado e inhabilitado expresidente Vizcarra, y sus aliados “caviares” crearon con bombos y platillos para proteger sus intereses en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La Comisión Especial, presidida por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, finalizó el proceso de selección y los candidatos que ocuparon los siete primeros lugares del
concurso son ajenos a las simpatías caviares, pues su candidata Mónica Rossel,
actualmente funcionaria en la Contraloría General de la República, quedó fuera de carrera.
La Junta Nacional de Justicia, además de nombrar, ratificar o destituir a jueces y fiscales, también sigue el mismo proceso con los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), actualmente en manos de Piero Corvetto y Carmen Velarde, personajes cercanos al universo caviar, especialmente el primero, amigo cercano de Fernando Tuesta Soldevilla.
Ante esta situación, el aparato legal caviar estaría pensando interponer una serie de recursos en el Poder Judicial y otras instancias con el ánimo de impedir la ceremonia de juramento de los flamantes integrantes de la JNJ. Como en la película de Sergio Leone: Hasta que (les) llegó su hora. Erase una vez en el Perú…
Miedo a las investigaciones
Una Junta Nacional de Justicia ajena a los deseos de los caviares y otros personajes como Martín Vizcarra o de cierto sector periodístico significaría que, por ejemplo, cambie el número de fiscales supremos y, por lo tanto, la elección del Fiscal de la Nación no se realice con tan solo cuatro, como ha ocurrido con la actual titular del Ministerio Público, Delia Significaría también que el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde sea verdaderamente sancionado o que la criticada Zoraida Ávalos, eficazmente evaluada en mérito a su idoneidad y no por sus cercanías con el poder que la encumbró como máxima autoridad del Ministerio Público.
En esa lógica, el expresidente Martín Vizcarra y su grupo de allegados sería sometido a un grupo de jueces y fiscales sin temor a represalias o sanciones o que los procesos se cumplan dentro de los plazos sin dilatarse eternamente. Otros casos serían los concernientes a Susana Villarán por su papel en la Línea Amarilla. También podría significar un real control de la información sensible de los investigados en la fiscalía, como en el caso de Odebrecht, reduciéndose los escandalosos niveles de filtración de los documentos, actas y otros detalles a favor generalmente de cierto medio de comunicación, sin ordenarse una seria investigación destinada a descubrir quien o quienes entregan la documentación.
Izquierda crítica
El total rechazo de la izquierda a la futura JNJ la expresó la excongresista y expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, quien en sus redes sociales cuestionó el proceso. La socia del expadre Arana en la ONG ambientalista Grufides y colaboradora en Aprodeh y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirmó incluso que “la coalición que hoy maneja el país se fortalece con esto”.
Similares críticas provinieron de personajes vinculados al mundillo izquierdoso como la abogada Cruz Silva, de las canteras del Ideele, de línea editorial caviar próxima a discutidos fiscales como José Domingo Pérez o Rafael Vela. Igualmente la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, manifestó su descontento. Como parte de ese descontento,
las organizaciones izquierdistas azuzaron nuevamente las protestas contra el régimen en La Libertad y Ayacucho, con el ánimo de generar el rechazo de la población al Poder Ejecutivo y exigir la vacancia de Boluarte Zegarra. Esta táctica no es nueva; es parte de la etapa de agitación social para cambiar el statu quo. A río revuelto, ganancia de pescadores.
