Por: Luis Ernesto Flores Reátegui,
Abogado constitucionalista
La última encuesta de Datum revela una profunda crisis en la percepción de seguridad en el Perú. Según el estudio, el 86 % de la población considera que el gobierno no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana, una cifra que ha ido en aumento en los últimos meses. Esta estadística pone de manifiesto una desconfianza generalizada en las autoridades.
La responsabilidad recae directamente sobre el gobierno de la presidente Dina Boluarte y su ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Su administración es incapaz de abordar de manera contundente la inseguridad. Este gobierno no tiene un plan seguridad ciudadana, mucho menos cuenta con la voluntad política de generar acciones que puedan abrir paso a una solución real a la actual situación de inseguridad en el país.
Fue una burla el anuncio de Santiváñez sobre la captura de Iván Quispe Palomino, quien fue presentado como el segundo al mando de Sendero Luminoso. Sin embargo, esta captura resultó ser una farsa. El Poder Judicial, tras revisar el caso, determinó que Quispe Palomino no formaba parte de esta organización, lo que llevó a su liberación. La falsa narrativa del gobierno quedó al descubierto, generando aún más desconfianza en su gestión.
Este intento de manipular la opinión pública para distraer de la inseguridad fue un grave error político. La percepción de que el gobierno recurre a cortinas de humo para ocultar su ineptitud se ha consolidado en la opinión pública.
Las cifras de Datum muestran que más del 75 % de la población percibe que la delincuencia ha aumentado en sus distritos respecto al año pasado, lo que refleja un claro deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos. La sensación de inseguridad no es solo una percepción, sino una realidad tangible que el gobierno de Boluarte no ha podido revertir.
La ciudadanía necesita un plan integral de seguridad que vaya más allá de discursos y acciones mediáticas. La falta de credibilidad en la actual gestión debilita la legitimidad del Estado para enfrentar la delincuencia. Sin una estrategia clara y transparente, la desconfianza seguirá aumentando, y con ella, la crisis de seguridad que afecta a todos los peruanos.
