Clody Genaro Guillén Albán
Sociólogo / Máster en Intervención Social
En el artículo Un Estado caro, ineficaz e ineficiente que en el año 2022 apareció en la Revista del Instituto de Estudios Económicos de España, Lorenzo Bernaldo y María Gómez propusieron la existencia de una brecha entre los ciudadanos que obtienen sus remuneraciones del mercado a través de transacciones voluntarias basadas en el mutuo acuerdo y quienes las obtienen de manera directa e indirecta de las administraciones públicas, lo que revela la ineficiencia del gasto público para atender las necesidades de los ciudadanos y para lograr el bienestar social.
De acuerdo con esto, la ineficacia del Estado también se revela en su incapacidad para brindar bienes y servicios públicos que tengan valor añadido en la solución de problemas, la generación de oportunidades y la formación de ciudadanía.
En este contexto, con el argumento de buscar que el Estado sea eficaz y eficiente en el gasto que está orientado a solucionar los problemas sociales de la infancia que tendrán incidencia en la sociedad futura (maltrato, abuso sexual, trabajo prematuro, vida en calle, etc.), se ha propuesto la Reorganización del Estado y la fusión de ministerios pares como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), lo cual como se prevé, además de hacer más caro, ineficaz e ineficiente nuestro Estado, nos condenará al retroceso social.
La propuesta reviste el pobre nivel técnico de quienes la han sugerido, ya que ésta desconoce que en el Perú casi 10 millones son niñas, niños y adolescentes; es decir, la tercera parte de la población es menor de 18 años, lo que nos convierte en un país joven cuyo futuro está condenado a reproducir los problemas sociales de la infancia que se pretende resolver y a que las futuras generaciones vivan con violencia hacia la mujer, precariedad laboral y consumo de drogas, entre otras patologías sociales.
Si bien tenemos un Código de Niños y Adolescentes y un Decreto Supremo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ello no ha sido suficiente para eliminar los problemas que afectan a nuestra infancia, por lo que la fusión anunciada no solucionará nada sino, más bien, ahondará los problemas existentes, ya que se corre el riesgo de politizar los servicios sociales, de perpetuar la corrupción existente y de aumentar el gasto público en planillas sin incidencia en la atención a niñas, niños y adolescentes en riesgo o en desprotección familiar.
El riesgo aumenta ya que en los actuales servicios públicos se ha sustituido el diálogo técnico por el abuso y autoritarismo de funcionarios improvisados, lo cual puede aportar muy poco en la formación del capital humano y social necesario para construir una sociedad que rechace la corrupción, la violencia, la delincuencia y, sobre todo, la postergación de la mujer y la infancia.
Es innegable que los servicios sociales para la infancia deben ser actualizados, pero la fusión del MIMP con el MIDIS no será la solución, sino más bien podría ser nuestro mayor problema al momento de intentar habilitar a las niñas, niños y adolescentes para vivir en el futuro, en ese futuro que todos deseamos, lejos de la violencia contra la mujer, la discriminación y la vulneración de los Derechos Fundamentales.
