Acusación también alcanza a Pedro Angulo y Alberto Otárola (ex PCM), Jorge Luis Chávez Cresta (ex Mindef) y César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero (ex Mininter).
Horas antes el mismo Ministerio Público archivó la querella por genocidio contra la misma mandataria y los ministros involucrados en los mencionados actos de violencia.
Menos de dos horas después de que se anunciara el archivamiento de la investigación por genocidio contra la presidenta Dina Boluarte, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en el Congreso por las muertes de 49 peruanos durante las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
La denuncia también involucra a exministros del gobierno, incluyendo a Pedro Angulo Aranda y Alberto Otárola como titulares de la PCM, Alberto Otárola y Jorge Luis Chávez como ministros de Defensa, y César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero como ministros del Interior.
Según el comunicado oficial, los funcionarios serían presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos.
El Ministerio Público argumenta que los delitos se cometieron durante el periodo de protestas al inicio del gobierno de Boluarte en varias regiones del país donde 44 personas fallecieron por disparos, tres murieron por golpes con objetos contundentes y 116 sufrieron algún tipo de lesión.
ARCHIVAMIENTO
El abogado Joseph Campos, defensor de la presidenta, había anunciado previamente el archivamiento del caso por genocidio, señalando que no se configuraron los ele- mentos necesarios para dicha acusación.
Sin embargo, el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal aclaró que el archivamiento del delito de genocidio no exime a Boluarte y a los ministros de responsabilidades penales, ya que la investigación por homicidio calificado sigue su curso.
La presentación de la denuncia constitucional pone el foco en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá elaborar un informe de calificación y decidir si procede la denuncia. Si la subcomisión declara procedente la denuncia, esta se elevará al Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre si la Fiscalía puede continuar investigando a la mandataria y a los exministros por la presunta comisión de estos delitos.
DATO: ESTA DECISIÓN podría tener un impacto significativo en el futuro político y judicial de Dina Boluarte y su administración.
