MINEDU Y MINCUL, DEFIENDEN EL ROL DEL GOBIERNO
Los ministros de Educación, Morgan Quero, y de Cultura, Leslie Urteaga, han calificado como “sesgado” el reciente informe de Amnistía Internacional (AI) que sugiere una posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte en relación con las muertes de manifestantes durante las protestas sociales de diciembre de 2022 a marzo de 2023.
Quero desestimó el informe, argumentando que el documento no aporta información relevante para entender los eventos en Perú y atribuyó la crisis política al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, defendiendo el restablecimiento institucional con la llegada de Boluarte al poder.
Por su parte, Urteaga coincidió con la postura del ministro Quero, añadiendo que el informe de AI refleja una visión parcializada de los hechos.
La ministra destacó que el Ejecutivo considera el informe como una opinión sesgada, subrayando que las autoridades peruanas deben actuar basadas en una evaluación objetiva y no en informes que, a su juicio, no reflejan la realidad completa.
Ambas declaraciones apuntan a una defensa firme de la administración actual frente a las acusaciones internacionales.
RECHAZÓ DEL
GOBIERNO
Al respecto el presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, ya había expresado antes, el rechazo del Ejecutivo al informe elaborado por Amnistía Internacional (AI), en el que señala que la presidenta, Dina Boluarte, podría tener responsabilidad penal en las muertes de manifestantes ocurridas en el inicio de su mandato.
“Lo negamos, en principio, más aún cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta una responsabilidad mediata”, sostuvo el titular de la PCM. Indicó, además, que el mencionado informe “no hace sino ratificar el sesgo político” con el que fue elaborado, el año pasado, otro documento de dicho organismo “donde habló de
racismo letal”.
