Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
La Agenda 2030 de la ONU, bajo el camuflaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el mismo término “agenda”, es un vehículo de contrabando ideológico que pone en riesgo la soberanía de los Estados al imponer cambios socioculturales y normativos. Tal como lo señala el Grupo de Trabajo de Amenazas Globales de la Fundación NEOS, esta agenda redefine y distorsiona valores fundamentales, comprometiendo la independencia nacional.
Uno de los aspectos más controversiales es la promoción de la ideología de género, que ataca la familia, principal institución de la sociedad, núcleo de respeto y amor. Al fomentar una visión antagonista de las relaciones entre sexos, destruye la cohesión familiar. Asimismo, las políticas de salud sexual y reproductiva, presentadas bajo la apariencia de derechos humanos, promueven prácticas antinatalistas como el aborto, erosionando valores culturales y morales profundamente arraigados.
Esta agenda también impulsa la migración sin restricciones como solución a la baja natalidad, sin abordar las causas reales de este fenómeno. En la práctica, la migración descontrolada genera inseguridad, delincuencia y tensiones sociales, afectando la unidad nacional y los valores locales, y en algunos casos, creando una fractura social.
Además, distorsiona los derechos humanos al favorecer a elementos violentos y terroristas sobre ciudadanos de bien y las fuerzas del orden. Este enfoque debilita la autoridad de la policía y las fuerzas armadas, afectando la seguridad nacional y la confianza pública en las instituciones de protección. Falla en distinguir entre el Estado de derecho, las democracias, las dictaduras y las tiranías.
En tal sentido, la imposición de la Agenda 2030 representa una grave amenaza que no podemos pasar por alto. Es imperativo desenmascarar el verdadero rostro de este plan de acción global, adoptado por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que su implementación ciega resultará en la pérdida de la identidad cultural y la soberanía nacional. Debemos resistir firmemente cualquier forma de imposición ideológica y difundir ampliamente los riesgos que conlleva. Implementar las recomendaciones propuestas permitirá a los Estados gestionar la Agenda 2030 de manera soberana, protegiendo sus valores y cultura, mientras participan en la comunidad internacional con una visión crítica y autónoma.
