Por: Luis Ernesto Flores Reátegui, abogado constitucionalista
La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha generado un torrente de críticas tras otorgar la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Este acto se llevó a cabo durante el Día del Trabajo en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, en un momento en que Boluarte enfrenta múltiples investigaciones por presuntos delitos, incluyendo enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo impropio, destacando el caso denominado «Rolex».
Boluarte defendió su decisión de condecorar a Arévalo, destacando que es el primer abogado laboralista en presidir el Poder Judicial y su aporte a la Ley Procesal del Trabajo. Sin embargo, este reconocimiento ocurre en un contexto de tensiones legales que cuestionan seriamente la imparcialidad e integridad de ambos funcionarios.
Es crucial recordar que el artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial prohíbe explícitamente la recepción de donaciones, obsequios o beneficios por parte de los litigantes, lo que incluye la condecoración otorgada por la jefa de Estado al titular del Poder Judicial. Esta acción parece contradecir los principios de independencia y equidad que deben prevalecer en el sistema judicial.
Además, la entrega de la Orden del Trabajo coincide con investigaciones fiscales que podrían llevar a procesos judiciales contra la mandataria, sumándose a esto las investigaciones sobre su hermano, Nicanor Boluarte, por negociaciones de cargos públicos, lo que intensifica la percepción de conflicto de intereses y corrupción en su administración.
Este incidente recuerda a otro del año pasado, cuando la Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por aceptar una condecoración de un alcalde bajo investigación. Estos eventos subrayan la importancia de mantener la integridad y la independencia de las instituciones, especialmente durante periodos de crisis política y gobernabilidad, marcados por una clara desaprobación de la gestión y desconfianza en el sistema judicial.
Tanto Boluarte como Arévalo deberían haber priorizado la imagen y transparencia que sus cargos demandan. La decisión de aceptar la condecoración, lejos de declinarla ante un evidente conflicto de intereses, plantea serias dudas sobre su compromiso con la justicia y la legalidad. La incongruencia entre sus acciones y los principios éticos es alarmante y merece el reproche ciudadano.
En tal sentido, los líderes deben ser ejemplares, demostrando integridad y responsabilidad, especialmente cuando la confianza en las instituciones se encuentra comprometida.
Es imperativo investigar este acto y tomar medidas para evitar su repetición. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en cualquier democracia, y su violación erosiona la confianza en el Estado de Derecho y en la administración de justicia. La condecoración en medio de investigaciones judiciales destaca una falta de juicio político, ético y moral.
