Aimé Ortiz, abogada y directora de Acción por Igualdad, definió que además del tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible, el primer ministro también habría incurrido en el delito de acoso sexual en audios con Yazireth Pinedo
Hace agua por todos lados. Los audios develadores del primer ministro Alberto Otárola, difundido por Panorama, revelarína una serie supuestos ilícitos penales para los que el Ministerio Público aún no ha dispuesto el inicio de diligencia alguna, pese a la gravedad del hecho. El escándalo ha generado tal indignación, no solo a los miembros del Congreso, sino también ante la ciudadanía, al tratarse de una grabación que no solo muestra un intercambio de favores, sino un accionar cuestionable por parte del primer ministro de Dina Boluarte.
La abogada y directora de Acción por Igualdad, Aimé Ortiz, detalló cada uno de los delitos que se le imputan a Otárola, en una entrevista para Infobae, afirmó que las principales imputaciones que parten del pedido de Otárola de “un CV” sin documentar de manera insistente, a fin de hacer a Pinedo acreedora de una plaza en el Ejecutivo podrían suponer la comisión de delitos como tráfico de influencias, colusión y hasta negociación incompatible. No obstante, existe en este caso un delito más que se le ha evitado atribuir a Otárola Peñaranda y este es el de acoso sexual.
Ortiz no descartó que el primer ministro de Boluarte habría incurrido en un delito como este. “Lo que veríamos es una situación de evidente acoso, y no solo acoso en el sentido laxo, sino acoso sexual, porque hay una intención que ha sido totalmente expresada y comprobada a través de los audios de sostener un vínculo correcto entiendo, me queda muchísimo más claro”, afirmó la letrada.
“Existe una situación de acoso, y el acoso ya es considerado delito desde el año 2019. Estamos hablando de que no es simplemente una situación de una falta, sino que hay una situación de constitución de delito. Y si estando la persona incluida dentro del espacio laboral y que tenga esta suerte de acercamiento indebido en todo caso, también se podría configurar una situación de hostigamiento y abuso laboral, que tendría que ser procesado también a nivel de la ley servir, porque estamos hablando de un trabajador público”, detalló la especialista para este medio.
Para Ortiz, en medio de esta situación, se debe “comprender cuál ha sido la capacidad de decisión en este caso de la víctima, que estamos viendo, ha estado en una situación de coacción y coerción por alguien que ahorita tiene un cargo totalmente alto en el Gobierno”.
