Por: Luis Ernesto Flores Reátegui,
abogado Constitucionalista.
En medio de una profunda crisis de seguridad ciudadana en el Perú, resulta imperativo adoptar medidas drásticas para combatirla. La amenaza proveniente del crimen organizado internacional, encarnada en las mafias venezolanas, colombianas y ecuatorianas, no solo desafía al Estado y al Ejecutivo, sino que también pone en peligro la integridad de los ciudadanos peruanos de bien.
Lamentablemente, las acciones emprendidas por la presidenta Dina Boluarte han resultado ser un rotundo fracaso, evidenciando su clara incapacidad para frenar esta ola de inseguridad. La ausencia de un plan de seguridad integral y efectivo deja a la deriva a la población, sin un rumbo claro para abordar de manera efectiva el problema.
La aplicación del Estado de Emergencia, como medida convencional para enfrentar la inseguridad, ha demostrado su inutilidad al simplemente trasladar el crimen a otras zonas. Al levantar esta medida, la inseguridad persiste sin mejoras evidentes en los distritos donde se implementó. Resulta claro que sin una planificación estratégica, cualquier Estado de Emergencia será en vano. Este enfoque solo ha logrado restringir la libertad y afectar los emprendimientos económicos de los peruanos.
Resulta fundamental dar máxima prioridad al fortalecimiento institucional y otorgar un respaldo completo a nuestras fuerzas del orden, tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Este compromiso implica proveerles de equipos de última generación, brindar capacitación constante y una formación integral que abarque diversas situaciones, permitiéndoles desempeñar sus funciones con pleno respaldo de la fuerza coercitiva del Estado, sin el temor a represalias injustas por parte del sistema judicial.
Debemos abordar la raíz del problema, enfrentando el crimen organizado internacional en todas sus manifestaciones, con una estrategia multifacética que incluya la deportación de inmigrantes ilegales indocumentados, siempre dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales, junto con un riguroso plan de control de fronteras. Solo a través de un enfoque integral y coordinado podremos garantizar la seguridad efectiva y duradera de nuestro país.
Adicionalmente, el enfoque en la deportación debe complementarse con un plan de control de fronteras riguroso y efectivo. Esto implica la implementación de tecnologías avanzadas, aumento de personal en puntos estratégicos, y una cooperación internacional para garantizar la seguridad en las zonas limítrofes. El fortalecimiento de nuestras fronteras es esencial no solo para prevenir la entrada ilegal de personas, sino también para controlar el flujo de drogas y la infiltración de elementos terroristas.
En vista de las consideraciones anteriores, para afrontar el desafío de la inseguridad ciudadana en el Perú, resulta imperativo adoptar un enfoque integral que amalgame el fortalecimiento institucional con una planificación estratégica sólida. Este abordaje debe ir de la mano con la protección de los derechos y la seguridad de todos los peruanos, asegurando un equilibrio efectivo entre el reforzamiento de las estructuras estatales y el respeto irrestricto de las garantías individuales.
