El abogado y analista político, egresado de la facultad de economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos –además, excandidato presidencial–, ha realizado un exhaustivo análisis de la situación de nuestro país desde su nacimiento como nación. En el libro de su autoría, “El Estado bajo la lupa”, observa al Perú como un Estado fallido, una República inconclusa, que requiere de una urgente reforma política y estatal, si es su empeño salir del eterno subdesarrollo y la economía primaria. .
A continuación, en una entrevista para el diario Uno, Marco Antonio Arrunátegui Cevallos analiza dos puntos críticos en la coyuntura nacional: la falta de una política de desarrollo económico y la responsabilidad de los poderes del Estado en la crisis política y social que estamos atravesando.
¿Por qué Perú no logra encaminarse hacia el desarrollo a pesar de contar con grandes recursos y riqueza natural, en un problema que parece ser endémico e imposible de solucionar?
Son varios los factores que entran en juego. Más allá del grave problema que es la corrupción, está la ineficiencia del Estado como promotor de desarrollo. Los últimos gobiernos se han estancado en medio de su ineficiencia e ineficacia. El Estado no regula debidamente y ha fracasado en su intento por formalizar la economía informal. El 96 % de empresas en el país son pequeñas y microempresas, pero de ellas, el 60 % son informales, no tributan. Sin embargo, su emprendedurismo ocupa el 58 % de la PEA. Un Estado promotor debe potenciar y modernizar a la micro y pequeña empresa (mype) con capacitación, apoyo logístico, presupuesto y búsqueda de mejores alternativas, en el Perú y el mundo globalizado. Solo así, las mype pueden generar empleo, divisas y descentralización para el desarrollo del país.
¿Cree usted en el capitalismo popular?
El Dr. Hernando de Soto (“El Misterio del Capital”) sostiene que: “Lo que da a las personas oportunidad de escapar de la pobreza y crear riqueza es la integración de su contrato social a las leyes del país”; proceso que se cumple inexorablemente –según él– si los pobres ponen en valor su propiedad, legalizándola, es decir, obteniendo su título. Esto les permitiría producir abundante capital, obteniendo créditos a través de garantías sobre la propiedad legalizada; sin embargo, considero que esto es parcialmente cierto, ya que si Pedro Quispe le da al banco, como garantía, el único bien –ya con título– que tiene, se expondría a perderlo.
El capitalismo popular se concibió en los años 80 como la participación de los trabajadores en los beneficios del capital que generaban las empresas. Hoy ese vocablo señala lo opuesto al capitalismo de Estado y al liberalismo. Con un Estado promotor, las mype son una alternativa real y coherente para la generación de empleo, riqueza, divisas y descentralización; para lograr que el Perú se convierta en un país grande, desarrollado y poderoso.
En la crisis de los años 80, las mype tuvieron una participación heroica enfrentando la crisis económica, gracias a su empuje y tesón; y han seguido avanzando así, sobre sus propias fuerzas. Son las mype las que crean capital y generan empleo; siendo estos sus dones, resulta absurdo dejarlas a su suerte. Los gobiernos de los últimos cincuenta años, incluido el actual, han actuado en forma confusa. Han dialogado, casi exclusivamente, con la gran y mediana empresa, lo cual es bueno; pero es imperativo que el Estado asuma su rol promotor para potenciar y modernizar a la mype para que el crecimiento económico sea sostenible.
La presidenta Boluarte ha señalado que Perú sigue brindando garantías para la inversión.
No basta con decirlo ni con desearlo. El Gobierno debe incentivar la inversión privada, es el sistema económico adoptado, el del libre mercado, pero con una debida y justa participación del Estado, como promotor. Para alentar las inversiones, aseguran los analistas, se debe generar estabilidad política y económica, establecer un sistema legal predictible, alta productividad laboral, bajos índices de corrupción, recursos naturales (actuales y potenciales), mercados internos y externos, y razones estratégicas de inversión. Lamentablemente, el panorama actual no es el mejor en este sentido.
Habla usted de estabilidad política, y es lo que menos hemos tenido en los últimos periodos de vacancias presidenciales y conflictos sociales.
Ante una ausencia real de liderazgo, es necesario no solo la estabilidad social sino política y algo sin lo cual tampoco es posible el desarrollo: gobernanza y reforma política del Estado. La gobernanza se consigue cuando un gobierno es eficaz y está orientado a la consecución de los objetivos que la sociedad espera. En este esfuerzo radica buena parte de su legitimidad política. Un gobierno percibido como poco eficaz y desorientado mantiene enervados los pilares de legitimidad en los que descansa. Los ciudadanos debemos exigir planes de gobierno concretos. Según Mario Maldonado Mercado, la gobernabilidad es “la capacidad de un gobierno para elaborar y presentar a los ciudadanos sus planes de políticas públicas, obteniendo respaldo político suficiente en su realización y preservando en el desarrollo de sus acciones tanto el orden como la paz social”.
Parte de la crisis de gobernabilidad se la debemos también a los enfrentamientos o conveniencias de los partidos políticos, cuando deben fiscalizar al Gobierno desde el fuero parlamentario.
Separación de poderes, no debe ser enfrentamiento. Pero, resulta anticonstitucional que el voto de conciencia que emiten las agrupaciones políticas en el Congreso, se haya convertido en un “voto por consigna”, es decir, en un voto obligatorio que impone el líder del partido político, inclusive, sin que este haya sido elegido en cargo alguno por el voto popular. Es increíble que un personaje externo al Congreso, imponga su criterio a toda una bancada, y lo peor, que esa bancada abdique al derecho de opinión propia que el pueblo le ha concedido. Eso tiene nombre: dictadura.
En esta coyuntura, el Ejecutivo, carente de un líder y ausente del concepto de planificación, divaga sin saber qué hacer, rodeado de tecnócratas de segundo orden sin capacidad ni experiencia política. Y lo más grave, se niega a ser controlado, asumiendo de esta manera pasivos de corrupción de los que más bien debería desprenderse. Lamentablemente, en nuestro país se ha hecho costumbre que el Poder Legislativo sea un apéndice del Poder Ejecutivo. El gobernante elegido, bajo el pretexto de la gobernabilidad, concepto totalmente equivocado, se afana en conseguir a cualquier precio una mayoría en el Congreso, cuya única intención verdadera, es evitar la fiscalización.
En su libro “El Estado bajo la lupa”, usted presenta sus reflexiones sobre los diferentes problemas que el Perú viene enfrentando hace muchos años y que no saben resolver las autoridades elegidas para gobernar el país.
Efectivamente, nuestro país nació con una carga de problemas heredados de la Colonia, como son la exclusión, la pobreza y una débil institucionalidad. Y las cosas no han cambiado mucho. A más de 200 años de Independencia, seguimos batallando con las mismas piedras en el camino.
Lo que hago en la publicación, es presentar una antología de reflexiones sobre la realidad nacional. Estas proceden de una serie de artículos que he venido escribiendo hace varios años en la columna “Observando el panorama”, en la revista “Justo Medio”. El objetivo es compartir un riguroso diagnóstico de temas sustanciales que afectan nuestro desarrollo, así como diferentes propuestas de acción para superar los más graves problemas; soluciones que venimos reclamando, con todo derecho, todos los peruanos.
