Tras realizar audiencia pública el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), resolvió declarar infundada la apelación en contra de la suspensión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.
El JNE notificará, en los próximos días, al Concejo Municipal de Trujillo la Resolución del Pleno junto con las credenciales correspondientes. Según lo que decida el ente municipal, de acuerdo a sus facultades, hará entrega de credenciales y la juramentación respectiva.
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado un recurso presentado por el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, contra el acuerdo del Concejo Municipal de la ciudad que lo suspendía del cargo por ser condenado, en segunda instancia, a un año de pena privativa de libertad por el delito de difamación agravado.
Fernández Bazán trató de intervenir durante la audiencia, pero su solicitud fue denegada por el pleno del ente electoral.
Después de que se dejara al voto la suspensión contra el burgomaestre, se conoció que el pleno del JNE desestimó el recurso del ahora suspendido alcalde trujillano.
Como se recuerda, el Concejo Municipal aprobó, en setiembre del año pasado, que el burgomaestre sea suspendido después de que el Poder Judicial ratificara la condena por el citado delito en agravio de la teniente de la Policía Nacional, Nataly Rojas Rojas.
La sentencia judicial
El 10 de junio del 2023, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad halló responsable a Fernández Bazán por el delito de difamación agravada en perjuicio de la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nataly Rojas Rojas.
El caso inició el 24 de mayo de 2021, cuando Arturo Fernández era alcalde distrital de Moche.
En aquella oportunidad, utilizando la cuenta de Facebook de la comuna mochera, se dirigió con expresiones ofensivas hacia la teniente Nataly Rojas Rojas: la acusó de no hacer su trabajo y de solo “calentar el asiento”.
Por eso, se inició una denuncia por difamación que tuvo su primer resultado en agosto de 2022 cuando se decretó en primera instancia la sentencia contra Fernández Bazán.
Ante la sentencia en primera instancia, el alcalde apeló y en junio se dio la confirmación de la misma decisión.
