Alejandro Arteaga
-Dr. Torres La Torre, a raíz de los recientes hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre en la minera “La Poderosa” en Pataz ¿Qué opinión le merece el estado de inseguridad que se vive en el país?
-Ante todo quiero expresar mis condolencias a las familias de los trabajadores fallecidos y mi solidaridad con todos los afectados. Definitivamente, lo sucedido en Pataz es lamentable y muy preocupante, por la alarmante escalada de la delincuencia y del crimen organizado, pero sobre todo, preocupante porque las acciones delincuenciales son cada vez más avezadas, más sofisticadas ante la ausencia de verdaderos planes de acción concretos del gobierno, frente al avance de la delincuencia, que amenaza con desbordar todas las capacidades de respuesta del Estado a través de sus instituciones y poner en peligro latente a todos los ciudadanos.
-¿El Estado está siendo desbordado por la delincuencia como afirman las autoridades?
-Un Estado constitucional de Derecho jamás puede rendirse ante la delincuencia cuando tiene un mandato constitucional que cumplir. Aquí debemos tener en cuenta que el Estado tiene el mandato constitucional de proteger a la población, de las amenazas contra su seguridad, conforme lo establece el artículo 44º de nuestra Constitución y además, desde el año 2003 contamos con la Ley 27933 que creó el sistema nacional de seguridad ciudadana, el SINASEC, bajo la rectoría del Ministerio del Interior, que es el encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, para la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, para garantizar la paz y la tranquilidad de la población.
-Entonces el problema no es la falta de leyes.
-Claro, pero además existe el Decreto Supremo 006-2022-IN que aprobó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030; entonces, una vez más, el problema no es un tema de leyes, porque el marco normativo está dado y reglamentado; no estamos en el “Far West”, no somos “Cowboys” ni pistoleros; el Estado tiene que dar a la ciudadanía mensajes y señales firmes de decisión política y de capacidad de respuesta ante la delincuencia; no tenemos un Sheriff sino un Ministro del Interior que tiene el deber y el mandato constitucional de cumplir con aplicar las políticas y medidas establecidas. Lo que sucede en el caso peruano es que no hay voluntad política para trabajar; no hay voluntad para asignar presupuestos efectivos; para articular y fortalecer la labor de inteligencia de la Policía Nacional
-Si no es por fala de leyes ¿Por qué ocurre esta crisis en la seguridad?
-Este gobierno está demostrando no tener capacidad para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado y sobre todo, no demuestra la voluntad política para aplicar políticas migratorias drásticas que pongan fin a la migración descontrolada y que pongan orden en el país, para garantizar la seguridad de todos los peruanos.
En ningún país del mundo se deja avanzar la migración descontrolada y la delincuencia; tenemos como ejemplo claro y cercano a Chile, que ha tomado medidas drásticas para la seguridad de su población; por otro lado, tenemos la situación en el Estado norteamericano de Nueva York, que también viene tomando acciones para controlar las migraciones y frenar la delincuencia en su territorio.
-¿Existe entonces un incumplimiento del rol constitucional del gobierno, desamparando a la población peruana ante los delincuentes?
-Por supuesto, el gobierno está desamparando a la población ante las organizaciones criminales y digo desamparando, porque tiene un mandado constitucional de salvaguardar el orden interno del país y no puede ser que nos digan que la delincuencia superó las capacidades de la Policía, eso es inaudito.
Hemos podido apreciar cómo las redes sirven como herramienta, aparentemente de convocatoria espontánea, pero en realidad son herramientas que azuzan a la violencia, utilizando falsos estímulos para la protesta, avalados por financiamientos oscuros que se permiten por la falta de control bancario y financiero, que finalmente conllevan a protestas con alto grado de violencia al margen de la ley y que tienen como objetivo final socavar el principio de autoridad del Estado, engañando a la población y a los medios de comunicación diciendo que la fuerza estatal es represión desproporcionada.
PRECANDIDATO AL DECANATO DEL CAL
-Tenemos entendido que hace una semana usted ha planteado su precandidatura al Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué nos puede decir al respecto?
-Muchas gracias por esa pregunta porque me permite dirigirme a todos mis colegas del Colegio de Abogados de Lima, para manifestarles que nuestra orden tiene que pronunciarse sin miedos ni preocupados del escenario político; simplemente tenemos que expresar una voz jurídica con respeto al Estado democrático y de derecho; la Orden de Abogados de Lima tiene que expresar la voz jurídica sin ideologías, el espíritu normativo del país; debemos expresar el estricto cumplimiento de las reglas de juego de un Estado constitucional; como abogados no podemos actuar sometidos a ideologías de izquierdas o derechas.
