El expresidente de la República, Alejandro Toledo, participó hoy en el juicio oral en su contra por el caso Interoceánica tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht y rechazó los cargos que se le imputan sobre la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado.
Durante una audiencia virtual en horas de la mañana, desde el penal de Barbadillo, Toledo Manrique fue cuestionado por la magistrada Zaida Pérez Escalante.
De tal modo, la jueza realizó una pregunta hacia el exmandatario y demás personas investigadas por el caso Interoceánica, si se sometían al proceso de terminación anticipada al admitir los delitos y acusaciones para hacerse responsable de la reparación civil.
Estas declaraciones se produjeron durante la audiencia celebrada esta mañana, en la cual la magistrada Zaida Pérez Escalante preguntó a Toledo y a los demás implicados si estaban dispuestos a admitir los cargos y las acusaciones, y a asumir la responsabilidad por la reparación civil a través de un proceso de terminación anticipada.
En respuesta, Alejandro Toledo negó rotundamente las imputaciones como autor y partícipe de los delitos presentados por la Fiscalía. “No. Definitivamente no”, afirmó el exmandatario.
Según el abogado de Toledo, su cliente proporcionará su testimonio una vez se hayan presentado todas las pruebas necesarias. El juicio oral continuará el próximo lunes, 23 de octubre, a partir de las 9:00 a. m.
El Caso Interoceánica se originó a raíz de las acusaciones de que Odebrecht entregó sobornos al expresidente Toledo para asegurar la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
La Fiscalía solicita una condena de 20 años y seis meses de prisión para el exmandatario por los supuestos delitos de colusión y lavado de activos. Además, los coimputados Fernando Camet y José Castillo también enfrentan una pena de 20 años y seis meses de privación de libertad.
Gonzalo Ferraro, otro de los acusados, se enfrenta a una solicitud de 11 años y seis meses de cárcel, mientras que Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font y Avraham Dan On enfrentan una pena de nueve años de prisión cada uno, según lo solicitado por la Fiscalía.
