La Procuradoría General del Estado solicitó a la Fiscalía de la Nación, ampliar la investigación contra la mandataria, Dina Boluarte, por los crímenes cometidos por las fuerzas del orden en las protestas. El documento incluye una lista de 40 personas, entre funcionarios y civiles, para que sean citados a fin de esclarecer varias dudas.
Este requerimiento surge luego de que Boluarte decidiera acogerse al silencio en la diligencia fiscal, a fin de evadir las preguntas de la procuraduría y los abogados de los familiares de las víctimas, en la investigación en curso por los presuntos delitos de genocidio y homicidio.
Dicha negativa para declarar ha generado varias dudas, sobre las acciones y omisiones de Dina Boluarte, durante los días críticos en que se producían los asesinatos por parte de las fuerzas policiales y militares.
Según el diario La República, la entidad liderada por el procurador Daniel Soria Luján ingresó este pedido el 1 de agosto pasado. En el documento hay una lista de 40 personas, entre civiles y funcionarios públicos, para que acudan a la sede del Ministerio Público.
El paso de la Procuradoría se da debido a la actitud que Boluarte Zegarra tuvo durante el último interrogatorio, del 6 de junio pasado, ante las preguntas que esta institución y los abogados de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales le hicieron. En esa ocasión, la mandataria guardó silencio a pesar de que su abogado Joseph Campos dijo que iba a colaborar con las indagaciones.
A raíz de esta posición es que se trata de conocer los descargos de las personas que se reunieron con la presidenta en Palacio de Gobierno en esos días complicados de crisis política que casi terminan con su gestión de manera anticipada.
Premier , ministros y altos mandos de FFAA citados
Así, los posibles citados están excolaboradores del Despacho Presidencial, integrantes actuales y los que fueron parte del gabinete ministerial de Alberto Otárola, altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF AA), y civiles.
Raúl Molina, quien se desempeñó como jefe del gabinete técnico de la Presidencia, aparece en la lista. El 2 de febrero pasado renunció a su cargo tras mostrarse en desacuerdo con la estrategia agresiva que el Ejecutivo había tomado para reprimir a los protestantes contra Dina Boluarte.
Entre los ministros llamados declarar también se encuentran la canciller Ana Cecilia Gervasi, Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones), Nelly Paredes (Desarrollo Agrario y Riego), Alex Contreras (Economía) y Julio Dermatini (Desarrollo e Inclusión Social).
Además, se incluye Rosa Gutiérrez, Óscar Becerra y José Tello, quienes ocuparon los sectores de Salud, Educación y Justicia, respectivamente.
En la relación aparecen Jorge Angulo Tejada, comandante general de la PNP; Víctor Zanabria Angulo, exjefe de la región policial Lima que ahora lidera la Dirección de Orden y Seguridad; Juan Maco Castro, jefe de ayudantía de la PNP; Johana Ibarra Silvestre, capitán PNP; Vicente Álvarez, jefe de Estado Mayor de la PNP; Antonio Cosco, asesor de Inspectoría de la PNP.
Igualmente servidores del Ministerio del Interior como Manuel Ríos, director de Orden Público, y Manuel Rumiche, del área de Gestión de Conflictos. Los exjefes de la DINI, Wilson Barrantes y Juan Carlos Liendo, y Roger Arista, que lidera esta institución en la actualidad.
Por los militares están David Ojeda Parra, excomandante general del Ejército del Perú (EP); Víctor Huertas, general de brigada EP; Alfonso Artadi, comandante general de la Fuerza Aérea; y Rubén Layseca, jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Algunas autoridades subnacionales y funcionarios son requeridas como Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho; Nick Aponte Quispe, alcalde de San Antonio de Huarochirí; sus colaboradores Fredy Bohórquez y Andrés Gonzales, Luis Ueno, alcalde de Barranca.
Por los civiles deberían ser llamados el excongresista izquierdista Richard Arce, el abogado constitucionalista Luciano López, Rivin Yangali y Lucía Yangali Pastor.
