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OPINIÓN

Por: ISAAC BIGIO*

Mientras el Perú viene experimentando por primera vez en su historia una presidencia bajo control remoto, otras anomalías se dan:
1) El Tribunal Constitucional declaró nula la aprobación de la Comisión Investigadora del Proceso Electoral de 2021. A pesar de que diversos organismos internacionales han rechazado el supuesto fraude de junio 2021, ninguno de los que promovieron un golpe militar contra los resultados electorales ha sido procesado. Es más, todos los “fraudistas” crearon el “Bloque Democrático” que por tercera vez consecutiva ha vuelto a controlar
la mesa directiva congresal. Esta vez, el Dr. Cerron reivindica que su partido sea parte de dicho bloque, el cual fue articulado para tumbarse a PL y a Boluarte.
2) Como no habría muchos firmantes para una moción de vacancia presidencial contra Dina por haber salido del país infringiendo a la carta magna, Cambio Democrático propone un proyecto para adelantar las elecciones generales para mayo 2024 y que haya un nuevo Gobierno y Congreso para el subsiguiente octubre. Suena muy radical, pero implica dejar que Dina y este Legislativo se mantengan 14 meses más. Unos nuevos comicios no solucionarían la crisis, pues igual tendríamos un parlamento con miembros que no pueden ser mandatados o revocados por sus electores y que es capaz de remover a cualquier mandatario. La única salida debiera ser una nueva Constituyente muy participativa que tenga facultades para reorganizar al país y estructurar nuevas instituciones. Sin embargo, ni esto último, ni el adelanto de elecciones, van a ser aprobadas por el Congreso, pese a que este solo es apoyado por 1 de cada 15 a 16 peruanos.
3) Un video viene circulando mostrando a Fujimori caminando a un spa y sin bastones, muletas o silla deruedas (y sin esposas como se estipula para cualquier reo). Según el INPE ya son varias veces que a él se le ha permitido salir del penal. El preso más caro del Perú es, también, el que más libertades y lujos tiene. Castillo y Chávez, quienes, a diferencia del extirano, no han sido condenados ni tienen procesos por crímenes de lesa
humanidad, no pueden comunicarse con sus familiares y tienen prisiones “preventivas” para evitar que se dirijan a la población.


*Isaac Bigio. Politólogo economista e historiador con
grados y postgrados en la London School of Economics.

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