Fiscalía, Procuraduría, PJ, Defensoría y Minjus advirtieron al Congreso sobre riesgos de alterar colaboración eficaz
Las cinco instituciones especializadas alertaron que modificaciones a la colaboración eficaz obstaculizan la lucha contra la corrupción. El Congreso hizo caso omiso a los informes técnicos y respaldó la norma que garantiza impunidad en casos emblemáticos.
Bajo la excusa de «fortalecer» la colaboración eficaz, bancadas de derecha e izquierda aprobaron un texto sustitutorio que en la práctica es todo lo contrario.En su última sesión de la legislatura, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley para “fortalecer” la colaboración eficaz —proceso especial donde un investigado admite la comisión de delitos y aporta pruebas para sancionar a otros implicados, a cambio de beneficios como reducción de pena— con una alta votación: 83 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.
En la práctica, la modificación promovida por el perulibrista Américo Gonza debilita el proceso de colaboración eficaz, tal como lo alertaron la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todas estas entidades coincidieron, en sendos informes remitidos al Parlamento, en que la reforma no es viable en la lucha contra la corrupción en el Perú.
La norma aprobada, que puede ser observada por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, fija un plazo de 8 meses —en un inicio el proyecto planteaba 4 meses— para que el fiscal a cargo acepte la solicitud del aspirante a colaborador eficaz, haga las corroboraciones pertinentes y pactar el acuerdo de beneficios. El texto plantea que dicho lapso de tiempo puede ser extendido por 4 meses por “razones justificadas” y 8 meses en casos en los que se investiga a una organización criminal.
Fiscalía: “No resulta adecuado fijar un plazo”
La primera institución en oponerse a la propuesta fue la Fiscalía de la Nación, entidad que tiene a su cargo la colaboración eficaz. En noviembre de 2021, la entonces titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, envió un informe elaborado por su gabinete de asesores a la congresista Gladys Echaíz, quien en ese momento presidía la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en el que advierte, entre otros, que fijar un plazo “no resulta adecuado” toda vez que el tiempo que lleve hacer las verificaciones de la data brindada por el colaborador eficaz “depende de la amplitud de las declaraciones y de la información que progresivamente pudiera aportar”.
Pese a las observaciones planteadas, la comisión dictaminó a favor, por lo que Ávalos Rivera envió un segundo informe en febrero de 2022. Esta vez en la elaboración del documento en mención también participaron los coordinadores de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios; Crimen Organizado; Lavado de Activos y del Equipo Especial Lava Jato; Derechos Humanos, Interculturalidad y Terrorismo; y la Oficina Técnica del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público.
TOMA NOTA: De los 84 legisladores que votaron el pasado jueves 22 de junio a favor de limitar la colaboración eficaz, 33 registran investigaciones fiscales. Además, los líderes de sus bancadas son investigados por el Ministerio Público por diversos delitos.
