La situación política de la congresista Magaly Ruiz se complica cada vez más. Ayer, la Comisión de Ética Parlamentaria recibió el descargo de un extrabajador de su despacho, identificado como Carlos Marina, quien detalló cómo su sueldo fue reducido aparentemente a pedido de la integrante de la bancada de Alianza para el Progreso.
Según el testimonio de Marina fue contactado para laborar en la Comisión de Protección a la Infancia, cuya presidencia estaba en manos de Ruiz, pero le pusieron una condición para que sea parte: brindar un aporte voluntario de S/ 1 500 y una colaboración extra de 300 soles. Estos montos se hicieron vía transferencia bancaria y en efectivo.
“El dinero que nos pagaron no nos alcanzaba y nos negamos a aportar más para las campañas de donación que solía hacer la comisión. Nos dijeron que el dinero iba a solventar los gastos de campaña de la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP) y que ella estaba agradecida por el aporte que estábamos haciendo”, anotó el excolaborador de la parlamentaria apepista.
Además, enfatizó que estas reducciones de sueldo habrían sido del conocimiento de la congresista Ruiz porque su asesor, Johny Romero, le habría mostrado un chat en el que se da la confirmación para que hagan estas acciones que colindan con la ética legislativa.
“Dijo que ella tenía conocimiento y que debíamos estar agradecidos por el trabajo; que la congresista estaba endeudada hasta el cuello y nosotros teníamos la responsabilidad moral de asumir esa deuda”, agregó. Además, Marina también confesó que encaró a la congresista Ruiz para saber si el recorte de sueldos también lo hacía con otros colaboradores, a lo que ella le dijo que no.
“En dos oportunidades conversé con la congresista diciendo que los medios ya conocían lo que pasaba en su despacho, ya que yo era responsable de prensa de la comisión, y querían saber si estaba pasando lo mismo en la comisión. Por eso le pregunto en una reunión que tuvimos en un restaurante, y ella lo niega rotundamente. Nunca más me dio la cara”, agregó.
Tras las graves acusaciones, la congresista Ruiz dijo que todo eran “dichos” sin pruebas algunas. “No existen pruebas, solo son dichos. El denunciante tiene que probar que lo contraté coaccionándolo para entregar 1.500 soles de su sueldo. ¿Qué pruebas tienen, colegas? En los chats de Carlos Marina con otra persona sobre supuesto cobro de dinero, Ruiz no participa. ¿La declaración es prueba, indicio o solo sindicación?”, refirió.
Hay que señalar que la investigación contra la representante de APP podría culminar en una suspensión de 120 días sin goce de haber en sus funciones si la Comisión de Ética encuentra alguna responsabilidad. Adicionalmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales definirá hoy si procede el informe de calificación que determine investigar o no el caso de Ruiz por haber cometido aparentemente el presunto delito de concusión que la Fiscalía de la Nación también indaga.
Pena de ocho años de cárcel
El abogado penalista Benji Espinoza indicó que la legisladora Magaly Ruiz, al igual que sus colegas Rosío Torres, María Acuña, Katy Ugarte y Heidy Juárez, recibiría hasta ocho años de prisión efectiva, de comprobarse que cometió la comisión del delito contra la administración pública.
“En el caso de las cinco congresistas tienen como denominador común que en todas ellas habría la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, que está previsto en el artículo 382° del Código Penal, que significa en buena cuenta que el funcionario público abusa de su poder y obliga o induce a que entregue algo”, dijo el letrado.
“La pena que corresponde es de mínimo dos y como máximo hasta ocho años, si es una condena grave. En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos: son funcionarias públicas, habría abuso de su cargo y el beneficio fue para ellas”, afirmó Espinoza.
