El premier niega que exista una situación de tensión entre Perú y Chile a partir de la crisis migratoria en el sur, pero soltó una frase lapidaria contra el presidente chileno Gabriel Boric. Entre tanto, decreto supremo establece nuevas disposiciones orientadas a acorralar a los delincuentes venezolanos que operan en el país
La crisis migratoria parece no hallar una respuesta efectiva y de corto plazo por parte del Gobierno de Dina Boluarte.El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, anunció ayer que la gestión dispuso dar seis meses para que los extranjeros que ingresaron de forma irregular al país rectifiquen su situación ante las autoridades peruanas. Ello, a fin de que el Estado cuente con información sobre la identidad de estas personas y su propósito en el país.
De lo contrario, el Estado tomará “las medidas que correspondan”, entre ellas, su expulsión del territorio peruano.
“También se ha publicado otro decreto en que se da un plazo de seis meses para que aquellos extranjeros que han ingresado irregularmente al país vengan a las dependencias del Estado y registren sus diez huellas. Queremos saber quiénes son, cuántos son, dónde viven, cuál es su correo electrónico, cuál es su teléfono porque sino no van a poder continuar en el país de manera legal”, señaló Otárola a la prensa desde los exteriores de la PCM.
El premier indicó que en el Perú existen un millón 500 mil venezolanos y que, si bien son conscientes que la “inmensa mayoría está haciendo un trabajo leal, honrado, contribuyendo a la economía del país”, existe un “importante sector” de personas que “está cometiendo delito en el país”.
“A ellos nos dirigimos y a ellos les decimos que si no regularizan su situación no solamente migratoria, sino la situación de las actividades que tienen en el Perú, pues se van a tomar las medidas que correspondan, incluida la expulsión del país”, precisó.
Otárola Peñaranda ratificó la decisión del Gobierno de denegar el ingreso a “ciudadanos que no estén debidamente registrados y autorizados”.
También se refirió a las acciones emprendidas por el vecino país de Chile. No obstante, aclaró que la situación crítica registrada en el sur de la región de Tacna “no afecta” las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile, sino que obliga a ambas naciones “a cooperar”.
“Lo que le pedimos al presidente Gabriel Boric y a otros presidentes es que solucionen sus problemas, y no los tiren hacia otro país. Lo que estamos haciendo activamente es conversar con las autoridades migratorias chilenas para resolver el problema”, dijo el premier.
NORMAS. En las últimas horas, el Gobierno peruano emitió dos decretos supremos para hacer frente al fenómeno migratorio y el drama que viven los extranjeros en la frontera entre Perú y Chile.
El primero es el DS No. 055-2023-PCM, anunciado en la víspera, que declara el estado de emergencia en 21 distritos de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna.
Por otro lado, el DS No. 003-2023-IN fue publicado con el objetivo de regularizar la situación migratoria de miles de extranjeros en el Perú.
Como parte de las medidas, se facilita a los beneficiarios del Permiso Temporal de Permanencia (CPP) acceder a la calidad migratoria Especial Residente, figura por la cual pueden obtener el Carné de Extranjería y la residencia por un año, prorrogable.
También se contempla que la vigencia del CPP, cuyo vencimiento se produzca a partir del 9 de julio de 2023, se prorrogue excepcionalmente hasta 30 días hábiles a fin de posibilitar el trámite arriba descrito.
Asimismo, se precisa que los extranjeros son pasibles de multas si no solicitan la prórroga del plazo de permanencia de calidad migratoria residente (ver infografía).
Estas medidas entrarán en vigencia al día siguiente de su incorporación en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Migraciones, salvo la disposición complementaria final, que rige desde hoy, y que faculta a la entidad a dictar las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación del citado decreto.
PANORAMA. Por su parte, el superintendente nacional de Migraciones, Armando García, manifestó que con la nueva norma se podrá contar con información de todas las personas que ingresen a territorio peruano y regularicen su situación migratoria.
García recalcó -en RPP- que, de no cumplirse con lo dispuesto, se iniciarán “los procesos administrativos sancionadores, que devienen en salidas obligatorias o expulsiones, de ser el caso”.
También señaló que en los últimos siete años, el Perú “ha recibido una cantidad inusual de migrantes”, que alcanzaría el millón y medio, según estimaciones de la institución. “De ellos casi un millón 200 mil son ciudadanos venezolanos. Desde 2017, 2018 y mediados de 2019 fue alto el número de ciudadanos venezolanos que pudieron ingresar”, indicó.
García explicó que hay dos formas de situación irregular de extranjeros. La primera consiste en el ingreso sin pasar por el control migratorio. En este grupo, cerca de 300 mil personas habrían entrado a territorio nacional desde el 2020, según García.
El segundo caso son los ciudadanos extranjeros que tienen una residencia o carné de extranjería que no ha sido validado o prorrogado. Entre 100 mil o 120 mil personas tendrían esta condición.
EN PROCESO. En tanto, ayer desde temprano, decenas de extranjeros acudieron a la sede de Migraciones, ubicada en el Jirón Carabaya, en el Centro de Lima, para regularizar su situación y así permanecer de manera legal en el Perú. La mayoría de los ciudadanos eran de nacionalidad venezolana que buscaban regularizar o actualizar los trámites para obtener su carné temporal en el país.
