La presidenta Dina Boluarte cambiaría a cuatro integrantes de su Gabinete Ministerial, liderado por Alberto Otárola, en medio de la extradición de Alejandro Toledo, quien ya se encuentra en Los Ángeles listo para arribar al Perú.
Según información difundida por Latina este sábado, los funcionarios a reemplazar serían Óscar Becerra, Luis Adrianzén, José Tello y Luis Fernando Helguero, quienes despachan todavía en las carteras de Educación, Trabajo, Justicia, y Comercio Exterior y Turismo.
La juramentación sería este domingo en Palacio de Gobierno a las 13:30 horas, cuando el foco mediático recaiga sobre Toledo, quien entonces ya debería llevar unas seis horas en suelo peruano.
Becerra fue criticado esta semana tras calificar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “adefesio” y se mostrara a favor de la pena de muerte.
“Esa no es la posición del Gobierno. El Gobierno respeta los convenios internacionales, especialmente el Pacto de San José, que ha sido ratificado en 1979 por nuestro país, y actuará en consecuencia a ese respeto”, reconsideró el premier Otárola.
En marzo, el ministro estuvo implicado en otra controversia por comparar a mujeres aymaras con animales en el contexto de una manifestación antigubernamental.
Por su parte, Adrianzén es investigado por el presunto delito de colusión agravada por la contratación en su despacho de la excuñada del premier, Carola Rodríguez.
Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, Rodríguez fue contratada en enero como asesora II con un sueldo de 15 mil 500 soles mensuales.
El viernes, además, el mismo medio reveló que Otárola se opone a que el ministro Tello promueva la entrega de bonificaciones para las víctimas de la represión de diciembre, enero y febrero. Sería una de las razones por la cual le ha pedido dejar la plancha ministerial.
infobae
El cambio del titular de Justicia se dibujaría como el más llamativo. Hace horas, señaló que el Gobierno está a la expectativa de la llegada de Toledo para ser recluido en el penal de Barbadillo, la cárcel donde están los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).
El expresidente está imputado por haber recibido unos 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias.
